Según nota de prensa publicada el 23 de julio pasado en la página de internet del Banco Central (BC), la Junta Monetaria aprobó una línea de crédito, denominada Facilidad de Liquidez Rápida (FLR), por un monto de RD$60,000 millones que los bancos comerciales intermediarán a las firmas y los hogares afectados por las medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19. El BC afirmó en esa nota de prensa que “Las Entidades de Intermediación Financiera podrán acceder a estos recursos a una tasa de 3.0% anual y por un plazo de hasta tres años para ser colocados esencialmente a empresas y hogares” [sic].
El propio BC decidió (no el mercado financiero) que la tasa de interés a la que se prestarían estos recursos sería no mayor del 8%. Como el costo de captación de estos recursos es del 3% y los demás costos regulatorios del negocio bancario fueron eliminados por la misma resolución de la Junta Monetaria, cabe esperar que el beneficio neto de la intermediación de estos recursos sea de 5%; siendo la ganancia del sector financiero por este solo concepto de RD$2,000 millones.
La FLR se estructura de la siguiente manera: RD$40,000 millones se destinarían a los sectores productivos (manufactura, exportación, construcción, agropecuario y turismo) así como a los hogares dominicanos y por sugerencia del BC, el sector financiero debe privilegiar al sector privado de la salud (ya que las compras del sector público de la salud las hace el gobierno) con el objetivo de apoyar “…sus necesidades de compras de equipos, insumos, medicinas y material de laboratorio, en el pago de tratamientos médicos y en las mejoras de infraestructura tanto física como de capital humano de los centros médicos” [sic].
Asimismo, RD$10,000 millones serían utilizados para apoyar el consumo de los hogares a través de préstamos personales o de consumo. Las micro, pequeñas y medianas empresas se beneficiarían de RD$5,000 millones para el refinanciamiento de deuda y la aprobación de nuevas líneas de crédito. Los RD$5,000 millones restantes se canalizarían a través de entidades financieras especiales y programas especializados de financiamiento de las Mipymes.
En esa misma nota, el BC informa sobre la ejecución de las facilidades otorgadas al sistema bancario. De los RD$120,814 millones aprobados por la Junta Monetaria, se colocaron RD$94,705 millones (78.4%) y quedan pendientes RD$26,109 millones (21.6%). Del total canalizado, el BC le prestó a la banca RD$69,138 millones (73%), con respaldo de títulos con contratos de recompra (repos). La liberación de encaje legal autorizada a la banca por el BC totaliza unos RD$25,567 millones (27.0%), con lo cual libera a la banca del costo de captación de depósitos, utilizando los depósitos del público que debe mantener en caja y que ahora puede prestar a partir de esta resolución de la Junta Monetaria.
Para acceder a estos recursos la banca colocará como garantía títulos de deuda pública o privada y/o cartera de crédito clasificada A y B. En otras palabras, en el caso de que las firmas no puedan pagar, entonces el BC puede cobrarse de esos títulos o con una proporción de su cartera de préstamos lo que, obviamente, dependería del deterioro de los préstamos concedidos por las entidades financieras. Estas garantías solamente operarían en caso de que se produzca cesación de pagos de los préstamos concedidos al sector privado.
Para estimular la intermediación bancaria, el BC le permite además algunas licencias regulatorias, con las cuales se reduce el costo de operación de la banca durante la canalización de estos recursos. En efecto, los “…préstamos otorgados a través de la FLR tendrán el tratamiento regulatorio diferenciado por un (1) año de clasificación de riesgo A, cero por ciento de provisiones y una ponderación de cero riesgos en el cálculo del índice de solvencia” [sic]. En el caso de que los clientes no paguen sus obligaciones a la banca, la Superintendencia de Bancos, clasificará “sin riesgo” el préstamo en mora, con lo cual los bancos no tendrán que crear provisión (costo) para evitar el deterioro del capital de la banca.
En el caso de que se produzcan moras o impago de la deuda, el índice de solvencia de la banca no será afectado, es decir que no habría ninguna necesidad de capitalizar las entidades bancarias ni constituir provisiones (que reducen la ganancia de los bancos) para prevenir el deterioro de la cartera de crédito. En fin, con la resolución de la Junta Monetaria la banca no tiene ese riesgo.
El balance del esfuerzo financiero que ha realizado el BC queda reflejado en el informe preliminar de la economía dominicana puesto a circular por el BC. El sector de manufactura experimentó una contracción de -7.8%, la construcción y el turismo decrecieron a un ritmo de 23.2% y 42.6%, respectivamente, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). Según este mismo indicador, el sector de servicios registró una contracción de 6.8% para el mismo período, pese a que el sector financiero, que se clasifica en el sector Servicios dentro PIB, experimentó una expansión de 10.5% puesto que canalizó créditos por RD$94,705 millones a una economía en franca contracción. Sería interesante conocer cuántos préstamos nuevos concedió la banca comercial y cuántos de ellos fueron re-estructurados pertenecientes a las firmas con dificultades financieras debido a las medidas sanitarias ejecutadas por el COVID-19.
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) publicó recientemente los resultados de una encuesta realizada al sector de medianas y pequeñas empresas. Según la encuesta, el 52% de las firmas de ese sector no retornarán al mercado pese al apoyo financiero de RD$6,778 millones (32.8%) y cuyos dueños pasarán a engrosar el amplio sector de los trabajadores informales. Cabe destacar que de los recursos aprobados por el BC para ese sector quedan pendientes RD$13,903 millones (67.2%). Lo que levanta dudas sobre la eficacia de la canalización de los recursos a las Mipymes.
En otras palabras, en una economía en franca contracción económica, el sector financiero experimenta un crecimiento extraordinario gracias a las “oportunas” medidas financieras que le permitieron recursos baratos provenientes de las facilidades del BC, cuando algunos de los sectores que se beneficiarían de los créditos bancarios experimentaron significativas contracciones.
Estas son las razones por las cuales la banca dominicana confía plenamente en las autoridades monetarias. Además, durante el período de transición no debía tomarse ninguna decisión que comprometa a las nuevas autoridades. ¿Está el nuevo gobierno consciente del manejo sesgado a la creación de renta de la política monetaria y financiera?