La revisión integral de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), ordenada por la Ley 13-20 y que lleva a cabo el Congreso Dominicano a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Social, ha generado distintas acciones dirigidas a incidir en la direccionalidad de las reformas que se realicen.
Sin duda alguna, ha sido notable y sorprendente la participación de la población en el debate. Las personas afiliadas y sus familiares expresan diariamente sus reclamos, testimonios y comentarios sobre la Seguridad Social.
Las organizaciones sociales se han integrado al proceso, movilizando no sólo a sus miembros, sus comunidades y a la sociedad en general. Están haciendo opinión pública y organizando distintas acciones de movilización social.
La Parada en las 100 Esquinas fue la primera actividad de movilización social organizada y promovida por la Coalición por la Seguridad Social Digna y resultó ser una importante y novedosa estrategia que movilizó a miles y miles de ciudadanos de forma cívica que, aunque inicialmente se planteó para realizarse sólo en Esquinas del Gran Santo Domingo, logró expresiones espontaneas en muchos municipios del interior del país. Esta exitosa actividad de movilización social provocó amplias manifestaciones de apoyo en las personas que transitaban por los cientos de esquinas en donde los ciudadanos se manifestaron con pancartas, distribución de volantes y contactos directos explicando sus demandas. Esta coalición organiza ahora su próxima actividad, que es una gran marcha nacional en el Distrito Nacional para mostrar la voluntad expresa del pueblo de que esta reforma de la Ley 87-01 sea integral y estructural y se enfoque en la garantía del derecho a la seguridad social y no al financiamiento de los negocios insertados en el actual modelo.
Diversos colectivos de trabajadores están participando en discusiones y eventos reflexivos y han asumido demandas sobre sus derechos a una Seguridad Social que garantice sus derechos.
Aunque algunos directivos de las Asociaciones de Servidores Públicos han manifestado que esperan las indicaciones de algunos de los funcionarios del Ministerio de Administración Pública, actuando estos quizás, al margen de las disposiciones oficiales de dicho Ministerio, lo cierto es que muchos de los empleados públicos se han ido sumando individualmente a los grupos que están propugnando por su derecho a permanecer en el sistema de reparto. Los líderes de estas agrupaciones de servidores públicos han mostrado que no conocen o entienden sus responsabilidades en lo relativo a la defensa de los derechos de sus miembros. Así mismo, carecen de la comprensión de la importancia de la independencia que debe tener su Asociación en el desempeño de sus funciones, pues de lo contrario incumplirían sus responsabilidades y no claudican al desempeño de su rol en la defensa de sus asociados.
Diversas organizaciones dedicadas al apoyo de personas que padecen distintas enfermedades, han dado testimonios sobre las vicisitudes que padecen quienes tienen que enfrentar estas enfermedades contando solo con lo que provee el sistema de salud de la Seguridad Social. La participación de estas organizaciones e incluso la de las personas enfermas y sus familiares, ha sido de mucha importancia, pues sus testimonios constituyen pruebas irrefutables que han ayudado a desnudar las debilidades de las distintas prestaciones de la Seguridad Social.
Igual ha sido la importancia de las protestas de las personas afiliadas que han sido condenadas a la indigencia por este "sistema de inseguridad no social". ¿Su crimen? Haber sido afiliadas teniendo hasta 45 años de edad. Y es que las personas que fueron afiliadas teniendo entre 31 y 44 años de edad, al igual que las que se afiliaron teniendo más de 45 años de edad, tampoco podrán alcanzar las 360 cotizaciones requeridas para obtener una pensión. La Ley les excluye de los beneficios que le confiere solo a los que se afiliaron con más de 45 años de edad. ¿Qué culpa tienen esas personas de haber sido afiliadas con esa edad? ¿Decidieron ellas la fecha en la que iniciaría el Sistema de Pensiones? ¿Es justo que se les nieguen esos derechos adquiridos a una Pensión del Estado, aún y cuando la misma Ley 87-01 les reconoce su derecho a permanecer en el sistema de reparto, por estar amparadas por la Ley 379?
A las personas excluidas del Ingreso Tardío se les niega el derecho a que se les devuelva en un solo pago la totalidad del fondo acumulado en su Fondo Personal del Afiliado, ofreciéndoles solo la devolución de ese dinero mediante pagos mensuales programados, hasta que se agote su fondo. ¿A quiénes beneficia esta forma de pago? ¿Qué pasará con esta persona afiliada, luego que se le agote su fondo personal del afiliado? ¿Por qué no se le devuelve su fondo en un solo pago y así estas personas tengan la opción de invertirlo de la mejor forma?
También hay muchos profesionales independientes de diversas áreas del saber y con distintas experiencias, que están presentando sus opiniones e informaciones útiles, enriqueciendo el debate.
Cada día son más los periodistas y comunicadores que entran al debate público, expresando sus posiciones a favor o en contra de las distintas demandas o propuestas planteadas.
Pero también, han aparecido en el escenario público los representantes de sectores o actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social, quienes se han lanzado a los medios a defender sus intereses y tratar de convencer sobre las bondades de lo que ofrecen, e incluso a sumarse al interés de "juntos lo podemos mejorar". Quieren presentar la idea en la población de que sus intereses se corresponden con los de las personas afiliadas, olvidando quizás que la población dominicana tiene ya muchos años de sufrimiento por los servicios que sus empresas le han brindado, por lo que ahora no pueden venir con discursos estériles, presentando beneficios ficticios, que son contrastados con los testimonios reales que demuestran la falsedad de sus discursos ilusorios.
También vemos profesionales con larga trayectoria y reconocimiento público, que, actuando como "defensores" o "voceros" de los negocios instaurados en la Seguridad Social, aparecen en los medios como expertos en Seguridad Social alabando lo existente y denostando las demandas de cambios. Con sus enunciados dejan ver muy claramente su intención marcada en defender las AFP y las ARS, así como del sistema existente. Desacreditan las opciones que se demandan, porque el interés de los negocios que defienden es que todo siga igual, o que mejore sólo para ellos. Así ocurrió con la Ley 13-20, del 28 de enero del año 2020, con la que los Legisladores dijeron que se buscaba reducir las ganancias de las AFP y lo que hicieron con esa Ley fue aumentarle las ganancias, enormemente.
Ha sido notable la ausencia de las propuestas de las instituciones públicas, quienes a puertas cerradas se han reunido con la Comisión Bicameral de Seguridad Social y al parecer a ellos les han presentado sus propuestas. Esta actitud genera muchas dudas en la población, que se pregunta si quieren dar un "palo acechao".
Las personas afiliadas nos preguntamos, ¿Por qué este silencio de los funcionarios públicos? ¿Será que sus propuestas son en contra de nuestros beneficios y por eso nos las esconden? ¿Será que quieren aumentar los beneficios de los negocios inmersos en la Seguridad Social?
La población dominicana está manifestándose y demanda cambios sustantivos, que produzcan una modificación integral y estructural a la Ley 87-01.
La población ha dejado claro que no quiere que la Seguridad Social continúe funcionando con el modelo de negocios que funciona actualmente. La población demanda que se rediseñe con un enfoque que garantice el derecho a la Seguridad Social, como lo establece la Constitución Dominicana.
No queremos catálogos de prestaciones de salud, ni tener que pagar para que se nos atiendan nuestras enfermedades. Queremos que se cumpla el derecho a la salud integral que consigna nuestra Carta Magna.
Queremos tener garantía de las prestaciones en salud, vejez, discapacidad, desempleo, maternidad y sobrevivencia.
El pueblo dominicano está demostrando que ha despertado y que ha dejado de ser el gran ausente en la Seguridad Social en los veinte años que tiene esta Ley. El pueblo ha decidido empoderarse y jugar un papel activo, demandando y exigiendo los cambios necesarios en la Seguridad Social. La población ha asumido la defensa de sus derechos y apuesta a mantener una mayor presencia suya en la veeduría del accionar futuro del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de cada uno de sus actores.
Nuestra sociedad quiere una Seguridad Social eficiente y efectiva, que garantice sus derechos y asegure su satisfacción.