La finalidad esencial de un sistema de pensiones es proporcionar un ingreso de reemplazo al retiro de la vida laboral, aportando recursos para enfrentar los riesgos asociados a la vejez y al deterioro de las condiciones físicas y mentales. Esa es su misión fundamental, más allá de las externalidades positivas provenientes de las inversiones de sus fondos, las cuales no deben desdeñarse ni minimizarse, sino otorgarle el lugar secundario que le corresponde.
El sistema de pensiones en República Dominicana lo conforman varios subsistemas, siendo el creado por la Ley 87-01 el de mayor volumen de afiliados y recursos. Ese subsistema, que incluye prestaciones por vejez, discapacidad y sobrevivencia inició sus operaciones en el 2003 bajo un esquema de cuentas de capitalización individual. Modalidad conocida también como de contribuciones definidas, que surgió en Chile en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fue promovida posteriormente a escala global como alternativa a los tradicionales sistemas de reparto o de beneficios definidos.
En América Latina fue impulsado principalmente por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en oposición a sistemas públicos de la región, algunos de los cuales evidenciaban bajas tasas de cobertura, acumulaban grandes déficits internos y demandaban inyecciones crecientes de subsidios fiscales, siendo en ocasiones víctimas de la corrupción y la discreción en la entrega de sus prestaciones, entre otras cosas.
Al mismo tiempo se difundían en la región una serie de beneficios asociados al nuevo modelo, como eran: la reducción y eliminación de déficits y aportaciones fiscales para pensiones, la generación de ahorros sustantivos para inversiones en sectores financieros y productivos, la creación de cuentas de capitalización individualizadas y transparentes, y la constitución de instituciones oficiales para la regulación y supervisión de la gestión de los fondos de pensiones, entre otros.
El descrédito y la crisis persistente de muchos sistemas previsionales en aquel momento, junto al bajo conocimiento de un nuevo modelo que había operado en muy corto plazo, contribuyó a que no se detectaran y resaltaran de forma temprana sus falencias, entre las que se destacan: a) la inexistente o limitada solidaridad, al basarse en cuentas individuales y no en fondos mancomunados de recursos, b) las bajas tasas de reemplazo, condición que afecta el principal atractivo de un sistema de pensiones, c) el alto gasto administrativo, al tener varias instituciones separadas gestionando los fondos y fragmentando una gran economía de escala y d) la excesiva rentabilidad de las AFP.
Esos inconvenientes, que no eran fácilmente perceptibles en los inicios, empezaron a destacarse con la entrega de las primeras pensiones a quienes ingresaron tempranamente al sistema. Posteriormente, las protestas, sobre todo en Chile, han encendido las alarmas en otros países que han empezado a verse reflejados en ese espejo. De forma particular, en República Dominicana las informaciones anteriores han sido matizadas por datos sobre los altos beneficios de las AFP y las bajas tasas de reemplazo proyectadas, los cuales generan irritación en parte de la sociedad y alimentan un fuego que podría convertirse en incendio.
En los últimos meses el gobierno dominicano ha manifestado su interés en impulsar una reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), lo que representa una oportunidad para reflexionar y decidir sobre la conveniencia de mantener, modificar o sustituir el actual sistema de pensiones, una columna fundamental de un estado social y democrático de derecho.
Independientemente de los modelos existentes, las pensiones son un tema de importancia creciente a nivel mundial, ya que su suficiencia y sostenibilidad se encuentran amenazadas por cambios de tendencias en aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales, algunos de los cuales presentamos a continuación:
- El aumento de la esperanza de vida de la población en edad de jubilación, debido fundamentalmente a la mejora de la alimentación y de medicamentos y procedimientos clínicos. Una buena noticia, que significa también una carga más prolongada para los sistemas de pensiones.
- La variación en la relación entre población activa y pasiva, pasando de más de cinco personas activas por cada pasiva hace varias décadas, a cerca de dos activas por una pasiva actualmente. Los sistemas de reparto financian las prestaciones previsionales de la población pasiva con contribuciones de las personas activas y, mientras más baja sea la relación de activos y pasivos, mayor es la posibilidad de déficits y demanda de subsidios.
- La reducción de las tasas de natalidad que ha invertido las pirámides poblacionales, aumentando la proporción de personas adultas y envejecientes con relación a jóvenes e infantes que en pocos años integrarán el sector laboral.
- El descenso en las tasas de interés operado en los últimos años en los mercados financieros nacionales e internacionales, que disminuye la rentabilidad y el ritmo de acumulación de los fondos de pensiones.
- El auge de las profesiones liberales, de la informalidad, la inestabilidad y la precarización laboral, que reducen la densidad de cotizantes y la regularidad de las contribuciones a la seguridad social. Añadiendo dificultades para organizar y mantener las recaudaciones provenientes de la población informal y cuentapropista.
- Las deudas públicas y déficits fiscales producidos por crisis financieras como la del 2008 y la pandemia del 2020, que colocan restricciones a los subsidios estatales para seguridad y asistencia social.
Un factor adicional, con gran incidencia en los próximos años, es el desempleo tecnológico, producto del desarrollo creciente de la robótica y la inteligencia artificial, que se espera que arroje un balance negativo en el empleo y la estabilidad laboral.
Como se deriva de lo anterior, no hay soluciones fáciles ni escenarios despejados para las pensiones, ni siquiera en países ricos con sistemas adultos y robustos de seguridad social, y mucho menos en los de bajo o mediano ingreso como el nuestro, con grandes desigualdades, debilidades institucionales, baja tradición previsional y sistemas de construcción reciente.
Es un tema que, por su complejidad y condición sistémica, demanda integración ciudadana, negociación política y la realización de análisis profundos, objetivos y desapasionados, basados en estudios actuariales y económicos de numerosas variables y millones de registros, cuyos resultados servirán para alimentar decisiones que tendrán consecuencias, no sólo para quienes les conciernen directamente en el corto plazo, sino también para toda la sociedad y generaciones futuras.
Un desenlace exitoso del proceso elevaría los niveles de equidad y protección social, lo que de forma concreta se evidenciaría con mejoras de las tasas de reemplazo y mayor universalidad y acceso a las pensiones a partir de la adopción de medidas responsables que no pongan en riesgo la sostenibilidad e integralidad de los beneficios futuros.
Con intención de aportar al debate, presentaremos en el próximo artículo cuatro opciones que pudiesen servir de referencia en la búsqueda de mejoras o transformaciones para el sistema de pensiones del país, las cuales se encuentran organizadas bajo un ordenamiento jerárquico que inicia con la más paramétrica y concluye con la de mayor calado estructural.