¡El cuento de nunca acabar! El Gobierno una y otra vez anuncia medidas inefectivas, reactivas, contra la delincuencia y no se percibe que sean disposiciones producto de una planificación concienzuda. En la República Dominicana las amenazas y los riesgos de seguridad campean por sus fueros, y las acciones de la delincuencia organizada son una clara manifestación de la falta de planes conjuntos y políticas de Estado que hagan frente al flagelo.
El Gobierno olvida o ignora las disposiciones constitucionales referentes a que el desarrollo del país debe ser canalizado con medidas que abarquen las distintas dimensiones de la Seguridad. Nadie tiene noticias sobre el precepto constitucional de la creación de un órgano de asesoría al Presidente de la República con funciones de formulación de políticas públicas de Seguridad y Defensa, llamado Consejo de Seguridad y Defensa Nacional [Art. 258 Const. De la Rep].
De nuevo vemos las acciones en reacción, esta vez, al triste caso en que un coronel de la Policía Nacional, por demás, de gran experiencia y sin tachas, cae abatido por delincuentes reconocidos por todo el mundo, tanto en sus acciones como por el lugar donde operan; un coronel acompañado por otros miembros de la institución que huyeron dejándolo tirado agonizante, sin prestarle ninguna ayuda, una sospechosa actitud. Pues bien, tales las acciones del gobierno se circunscriben a un traslado colectivo de incumbentes policiales de las diferentes regiones y departamentos; a lo que el Presidente de la República se refiere expresando, que “el que no haga su trabajo con eficiencia hay que removerlo” olvidando que las políticas públicas referentes a la Seguridad son responsabilidad del poder político; por lo tanto el fracaso de las mismas, no recae sólo en los comandantes policiales o militares.
Esto no es más que una muestra exacta del fracaso de las autoridades en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, pues el Gobierno es quien debe garantizar la seguridad, la libertad y la propiedad tanto pública como privada. Producto de tal fracaso se incentiva el desorden, la violencia y se establece el “sálvese quien pueda”, justamente lo que vive en los últimos años la República Dominicana y todos los dominicanos sin discriminación de clases económicas o sociales.
El presidente de la República, principal responsable de liderar las políticas públicas en contra de la inseguridad y la violencia, ofrece declaraciones sobre el particular, que en vez de llevar esperanzas al pueblo, más bien crean intranquilidad y desaliento al culpar del azote delincuencial a los deportados desde Estados Unidos por cometer crímenes y delitos allí. El primer mandatario dominicano se muestra dubitativo y poco optimista y dice que “este es un problema de la sociedad dominicana, tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están llegando todas las semanas de Estados Unidos”. Además dijo estar preocupado pero que “estos hechos no contribuyen a la desestabilización del Gobierno”. Al decir que en cada hogar dominicano para enfrentar la delincuencia habría que poner un policía, admite al auge de la misma,
Se advierte desconocimiento de los principales actores gubernamentales sobre los asuntos referentes a la Seguridad en todos sus ámbitos y dimensiones, lo cual no puede ser sólo de conocimiento de los militares en el entendido que la seguridad es un componente intrínseco del sistema político y contribuye a este con aportes que van en el sentido de fortalecer el poder, es decir, la autoridad, para enfrentar todo lo que pueda interferir con el funcionamiento del Estado.
En esta materia el Gobierno no debe seguir dando palos a ciegas, el Presidente de la República debe tener asesores preparados en asuntos relativos a la Seguridad Nacional que diseñen políticas contra el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico humano y de armas; de igual forma debe contar con suficiente planificación, producción, coordinación y evaluación de la inteligencia interinstitucional para prevenir el crimen.
Por último, el Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, debe llevar a cabo profilaxis en sus filas, de aquellos que se vendan a los delincuentes; así como acciones tendentes a una mejor elaboración de sus expedientes en materia criminal dirigidos a que no se caigan en justicia y que los imputados no se encuentren en tan alto número en la calle.