Apenas se había apagado el ruido creado por la apropiación por los diputados de decenas de millones de pesos para financiar habichuelas con dulce en Semana Santa, cuando estalla el escándalo del Día de las Madres: se atribuyeron 176.9 millones de pesos para repartir electrodomésticos, a través de empresas vinculadas, en su mayoría creadas en los últimos años para traficar ventas al Estado, sin locales ni almacenes ni mucho menos récord comercial significativo. Con órdenes de compra sin especificaciones fundamentales.
Traficando con la pobreza, alimentando clientelas a costa del erario público, al igual que los senadores que se han apropiado de mil 839 millones de pesos en ocho años que lleva el denominado barrilito, iniciado en agosto del 2006, aparte de sus sueldos, gastos de representación, dietas y pago de alojamiento, y de dos oficinas con una docena de empleados cada uno también pagados por el Estado. Ya en HOY 4 de agosto del 2007 denunciamos esa iniquidad bajo el título “El barrilito carece de fundamento”.
No hay resquicio constitucional o legal para justificar esas apropiaciones del patrimonio público, ni para convertir la función legislativa en actividad de asistencia social en beneficio de partidarios, familiares y otros relacionados. Y peor cuando la mayoría de los 32 senadores se repostulen en los comicios del 2016, acumularán una ventaja enorme sobre otros competidores, incluso compañeros de partidos, convirtiendo la democracia en una cínica caricatura. Los senadores de las mayores jurisdicciones nacionales que reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, habrán repartido cada uno 64 millones de pesos en este período de seis años.
Mientras se informaba del último reparto de los diputados, en medio de una epidemia que afecta a decenas de miles de personas, el Colegio Médico y gerentes hospitalarios denunciaban el virtual colapso de múltiples hospitales públicos, declarándolos en emergencia porque escasean medicamentos y materiales básicos, con equipos fuera de servicio. En el hospital de San Cristóbal áreas de emergencia sin electricidad, en el Luis Aybar de esta capital celebraban que les había llegado agua. En el infantil Roberto Reid tenían que partir en dos las paletas para el examen bucal de los niños o utilizaban para eso partes de las geringillas desechables.
Se ha informado que los atrasos en la entrega de fondos reponibles de los hospitales por parte del Ministerio de Salud alcanzan ya los tres mil millones de pesos, con el Seguro Nacional de Salud al borde de la quiebra. Cientos de becarios en el exterior pasan trabajo porque el Ministerio de Educación Superior se atrasa.
Cuesta trabajo entender el reparto dispendioso de los legisladores mientras el presidente Danilo Medina y el Ministro Administrativo de la Presidencia se quejan de que el Estado apenas dispone para gastos fijos y para pagar su deuda externa como interna, que ya alcanza al 50 por ciento del producto bruto interno y al 46 por ciento de los ingresos tributarios ordinarios.
El primer mandatario advierte lo que vienen denunciando economistas y dirigentes políticos y sociales, que la economía dominicana es insostenible con el nivel de endeudamiento que acumula, ya sobre 30 mil millones de dólares, incluyendo el sector financiero. Con el gobierno arrastrando un déficit sobre 600 mil millones de pesos en los últimos 6 años. Según la Cámara de cuenta la deuda del Estado creció un 28 por ciento en el 2013. En los primeros cuatro meses de este año el gasto público totaliza 190 mil millones de pesos, de los cuales apenas el 4 por ciento ha ido a obras públicas y el 1 por ciento a bienes muebles e inmuebles, mientras el 34 por ciento se destinó al pago de deuda e intereses.
Se configura desestabilidad, ya que la pista del endeudamiento se está acabando. Aunque las quejas de los altos funcionarios pueden ser el inicio del camino para otro parche fiscal. Con esto habría de tenerse cuidado, porque la ciudadanía empieza a mostrar cansancio del cínico abuso de los recursos públicos que sacrifica inversiones y servicios prioritarios.-