Una política de educación no se pacta, es una función del gobierno definirla dándole plena garantía y vigencia a la libertad de pensamiento, a nuestros valores y nuestra identidad e idiosincrasia como nación.  La educación, y menos la educación pública, no debe servir para imponer las ideas sobre la sociedad de una clase o para que grupos configuren a través de imposiciones ideológicas un modelo único de pensamiento de acuerdo con sus intereses y al margen de la noción de cohesión social.  Se elige un gobierno para algo, y cuando me refiero al gobierno no hablo sólo del Poder Ejecutivo, lo único que en este país se considera gobierno bajo el argumento faraónico del presidencialismo.

Un gobierno no está para delegar sus funciones, lo que está escrito en la Constitución de la República. El mismo hecho de la elección democrática de un gobierno le da legitimidad para actuar en el campo de la determinación de las políticas económicas, eso también lo hace responsable de los resultados de las mismas. El Congreso Nacional debe ser un recinto de discusión donde se exprese cada sector de la sociedad a través de sus representantes y donde se escuche hasta la sabiduría de los idiotas que deben sobrellevar las consecuencias de sus decisiones.

Los tributos no han sido motivo para hacer revoluciones, lo que regularmente lleva a ellas son las injusticias y en nuestro sociedad hay muchas

Un pacto es siempre un mal síntoma, significa que la democracia y las instituciones no funcionan, que los diputados y los senadores no nos representan y que no pueden desempeñar sus funciones y la representatividad que se le atribuye en el orden legal por su elección. Todo porque de algún modo se reconoce que el sistema de elección es tan defectuoso que se pueden omitir como representantes de los ciudadanos dejando al margen los resultados de la democracia por su disfuncionalidad. Si tal criterio tenemos debemos pensar en reparar el sistema, no por sustituirlo con reuniones de grupos excluyentes.

Esto es relevante cuando se habla de los impuestos y se dice que deben determinarse en reuniones de las elites para que estas a través de un pacto entre ellas y el gobierno, al margen del sistema democrático, determinen los impuestos que se deben establecer y quienes los deben pagar. La historia habla de la vieja consigna: «No_taxation_without_representation».Por más predestinado que se crean algunos para sólo opinar ellos sobre lo que nos debe interesar, es consustancial a la existencia de la democracia que los impuestos se determinen en un régimen con la mayor representatividad posible y la mayor participación.

Todas las propuestas de discutir las políticas tributarias en los aposentos de las llamadas elites para desde ahí determinarlas y que el gobierno las aplique ignoran que las formas de definición de estas políticas es lo que verdaderamente determina la existencia o no de una democracia y de la justicia. La historia está llena de ejemplo de las consecuencias de no entender esto. Los tributos no han sido motivo para hacer revoluciones, lo que regularmente lleva a ellas son las injusticias y en nuestro sociedad hay muchas. Los impuestos siempre han sido una buena excusa para justificar las revoluciones hechas por otras razones, porque en ningún campo de la economía como este se aplican las nociones de equidad y de justicia junto con las de neutralidad y eficiencia y el movimiento hacia unas u otras suele ser pendular en la historia.