“La protección de fronteras no puede ser administrada como una cuestión de derechos humanos. Es un asunto crucial de seguridad”- ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjártó.
El movimiento contrario a la firma del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, logró vadear el peligro real de ceder las decisiones soberanas a organismos supranacionales en una materia tan delicada y crucial para los dominicanos como lo es la migración, la cual sabemos es abrumadoramente haitiana.
Plantear que “todas las naciones sean a la vez países de origen, tránsito y destino” es propugnar abiertamente por la migración masiva en la que lo ilegal parece diseminarse en el nuevo estatus de “irregular”, el cual merece favores y atenciones muy especiales. Afirmar que el propósito fundamental del Pacto es resolver “los factores adversos estructurales” que impiden el desarrollo sostenible en los países de origen para luego decir que la intención es “crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades”, parece discordante con la actitud oficial de las ONU frente a la migración haitiana a nuestro territorio. Esta organización no ha contribuido con fórmula de salvación alguna en el origen y sí ha tratado abiertamente de inclinar el lado pesado de la carga en perjuicio de los intereses dominicanos, agravando los llamados “factores estructurales” internos.
Para la ONU no cuentan nuestra cohesión nacional y desarrollo integral y sostenible. Ignora aviesamente todas las brechas socioeconómicas pendientes de cerrar en suelo dominicano, es decir, los problemas generados por “factores adversos estructurales”, entre ellos la migración haitiana como motor del crecimiento de un mercado informal aberrante o como impedimento no despreciable del tránsito hacia una economía del conocimiento.
Declarar que debemos empoderar a los migrantes “para que se conviertan en miembros plenos de nuestras sociedades”, promoviendo la inclusión y cohesión social, es perder de vista que no somos para nada parecidos a las naciones envejecientes de Europa, que por cierto hoy se ven agarrotadas por problemas forjados precisamente por la migración masiva ilegal musulmana y africana, impulsada por guerras fratricidas alentadas y financiadas, ante la vejatoria indiferencia de la ONU, por sus más prominentes miembros.
Nuestro país enfrenta graves problemas de institucionalidad, de pobreza general y extrema, de falta de oportunidades y seguridad sistémica, y todo lo demás que dice el Pacto que debemos ofrecerle, incondicionalmente y bajo la diligente supervisión externa, en nuestro caso, a los haitianos. Esos rezagos y asimetrías estructurales deben ser nuestra mayor prioridad política nacional para beneficio de los dominicanos.
Declarar que debemos asegurar el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los haitianos, “independientemente de su estatus migratorio” y que, la migración, siendo como es un fenómeno multidimensional, “no puede ser abordada por un solo sector normativo del gobierno”, equivale a desconocer las responsabilidades políticas de origen y tratar de suplantar la prerrogativa legítima del Estado de dictar sus propias reglas migratorias.
Nos sugieren expedir documentos adecuados y registro civil para que los haitianos ejerzan “efectivamente sus derechos humanos” cuando miles de ellos lo único que saben es que nacieron en el oeste y al mismo tiempo que su gobierno se declara incompetente para dotarlos de identidad jurídica.
Debemos reducir la apatridia respecto a ciudadanos de una nación cuya Constitución les otorga nacionalidad de manera automática, independientemente del lugar donde nazcan., Debemos admitir masivamente a los migrantes haitianos ilegales de hecho como refugiados -el documento trata de fundir ambos conceptos-, ya sea por razones de ocurrencia de catástrofes naturales, ya debido a la probada inviabilidad del desarrollo de su país de origen, debiendo garantizar en paralelo que los haitianos que no tienen identidad jurídica accedan plenamente a nuestros todavía muy precarios servicios básicos.
No podemos consentir que todas las migraciones contribuyen al crecimiento económico e inclusivo. Tampoco que las prácticas de xenofobia, racismo y discriminación definan un fenómeno universal recurrente y sistemático, mucho menos en nuestro caso. Es absolutamente inaceptable la no devolución por ilegalidad o enfermedades contagiosas, y el debilitamiento o anulación de la potestad soberana en materia migratoria favoreciendo la garantía de migración y la readmisión. No puede aceptarse bajo ningún argumento la sujeción de la potestad soberana de decidir sobre las admisiones a las “obligaciones internacionales”.
Por lo demás, resulta absolutamente irrazonable la relación causal que se pretende vender entre desplazamiento forzoso y apatridia, dejando de lado el concepto de indocumentación. Provocadora resulta la omisión mañosa de la contratación de mano de obra ilegal, lo cual no concuerda con el carácter “multidimensional” correctamente atribuido al fenómeno migratorio. En general, no podemos convenir en “empoderar a los migrantes” al margen de la legalidad.
Frente a tales despropósitos intergubernamentales proponemos que se fortalezca de manera efectiva nuestra frontera; que se hagan más severos los controles de recepción de migrantes de cualquier nacionalidad, sin detrimento alguno de sus derechos mínimos, de modo que no sigamos transmitiendo mensajes de bienvenida; que la política migratoria no se reduzca exclusivamente a expulsiones masivas y coyunturales, sino que sea el resultado de una reforma completa, conforme a nuestros intereses, de la regulación de extranjería. Esta reforma debe suponer, entre otras cosas, una mayor centralización de las decisiones y el retiro de los guardias de las instancias migratorias administrativas y de formulación de políticas.
Sobra decir que estamos completamente de acuerdo con la garantía de un equilibrio correcto entre el derecho migratorio y las exigencias del derecho internacional en cuanto a la protección de los derechos humanos mínimos de los inmigrantes, pero sin la suplantación de la soberanía nacional por potestades supranacionales, con más razón en una materia que puede decidir el ser o no ser del pueblo dominicano.