Guatemala (13%) y la República Dominicana (14%) son los 2 países, de 20 de América Latina y el Caribe, de más baja presión tributaria; lo cual significa que tienen muy reducidos ingresos fiscales en relación al Producto Interno Bruto (PIB), que es un estándar internacional que mide la proporción equivalente a la producción nacional que constituyen los gastos e inversiones de los gobiernos.
La muy baja presión tributaria de la República Dominicana es un grave problema. Es un problema crucial al margen del cual no es posible una perspectiva clara de desarrollo; con serias implicaciones para la estabilidad económica en el corto plazo y el propio crecimiento económico en el mediano y largo plazos. La solución de tan trascendental problema ha de asumirse ya como un compromiso inaplazable.
Mas, es justo decir que en cuanto a incrementar la presión tributaria se han hecho esfuerzos; pero de fallidos resultados. Tal es el caso de la Ley 253-12 para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado, cuyos objetivos originales estaban orientados a lograr un aumento del 2% en la presión tributaria y al final se redujo a menos de un 1%.
Se destaca como desde el 2014 al 2015 la presión tributaria apenas pasó del 14% al 14.1%; pero la situación es aún más preocupante si se toma en cuenta que la Estrategia Nacional de Desarrollo-END- estableció para el 2015 una presión tributaria del 16%.
El inaplazable aumento de la presión tributaria, aunque se entienda lo contrario, debe de significar al mismo tiempo una reducción de la carga impositiva para los más pobres. Pues sucede que casi la mitad de los ingresos del Estado (47%) provienen del ITBIS que hoy grava hasta los artículos básicos de la comida de los de menores ingresos.
Mientras que existen exenciones de impuestos equivalentes hasta el 6% de la presión tributaria. Como muestra, se dan los casos de vehículos de lujo que tributan por la placa sólo RD$ 2200 pesos cuando en la mayoría de países sería un monto muy superior pues esos vehículos tienen un valor de mercado a veces más de 10 veces mayor que un automóvil modesto , pagándose lo mismo para ambos casos, lo cual es insólito.
Mientras el Estado deja de percibir el equivalente de un 6% del PIB debido a las exenciones de impuestos, tiene que asumir un déficit del sector público de al menos el 4% del PIB.
El Pacto Fiscal establecido en la END-2030 que al mismo tiempo sea equitativo e integral ha de pasar a ser una alta prioridad nacional.