Para finales de la década de los 80s, la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo indicaba: “Está en manos de la humanidad  hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. Este enunciado representa un hito importante en la concepción del desarrollo sostenible, entendiéndose como la interacción equilibrada entre economía, medio ambiente y ser humano.

Como ha de entenderse, la actividad humana y los recursos naturales que provee el medio ambiente están inexorablemente entrelazados. La producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades materiales está fundamentada en decisiones que necesariamente afectan en alguna medida los recursos naturales que proporciona el medio ambiente; De ahí que su utilización debe estar sustentada en criterios objetivos para determinar la deseabilidad u oportunidad de tal acción y en un exhaustivo análisis costo-beneficio de incurrir en la explotación de los recursos. Dos criterios económicos fundamentales a tomar en cuenta a la hora de analizar la explotación de recursos naturales son: la eficiencia y la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.

Según cifras oficiales, la República Dominicana ha sido relativamente exitosa en cuanto a crecimiento económico y a su vez en la conservación del medio ambiente, no así en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad económica y social de manera significativa. Según estadísticas recopiladas por la CEPAL, en el país se ha evidenciado una ampliación de la cobertura boscosa en las últimas décadas (de solo 23% en 1990 se elevó a 37.6% en 2010 y 41.0% en 2015 como muestra el gráfico 1), como resultado de programas deliberados de reforestación y expansión de áreas protegidas, una importante reducción del carbón como combustible para cocinar en los hogares, etc. Este porcentaje de cobertura boscosa es cercano al de la región de América Latina y el Caribe, el cual ronda los 46.3%. Así mismo, la nación dominicana es el segundo de solo seis países de América Latina y el Caribe que han logrado incrementar su cobertura boscosa entre 1990 y 2015 (18%), solo siendo superado por Puerto Rico (24%) y seguido por Cuba(11%), Uruguay(6%), Costa Rica(4%) y Chile(3%).

 

Gráfico 1. Cobertura Boscosa en países de América Latina y el Caribe, 20152016-12-16-09_08_45-pacto-por-el-desarrollo-sostenible-en-republica-dominicana_-iniciemos-por-valle

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

En relación a las áreas protegidas, la República Dominicana se sitúa en un estadio favorable frente a sus pares de la región de América Latina y el Caribe. Empleando por igual datos de la CEPAL, en el año 2012 el 20.8% del territorio nacional estaba situado dentro de áreas protegidas por el Estado, similar al promedio regional de 20.4%. Sin embargo, y mostrando la ineficiencia institucional del Estado dominicano en proteger las áreas que por ley está llamado a resguardar, paradójicamente estas reservas, monumentos y parques nacionales han estado perdiendo cobertura boscosa en más de 317 km2, cerca de 500,000 tareas de tierra.

Como se muestra en la tabla 1, el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (o Parque Nacional Valle Nuevo) ha perdido entre el 2000 y 2014 una cobertura boscosa de 21 Km2 o el 2.3% de su territorio, siendo la 5ta área protegida del país con mayor pérdida absoluta de cobertura boscosa entre 2000 y 2014. Esto sin tomar en cuenta los últimos incendios forestales que han mermado los bosques de dicho parque, demostrando la incapacidad e ineficiencia institucional de las autoridades medioambientales en términos históricos de resguardar estos tesoros naturales. Por igual, la ineficiencia regulatoria y en velar el cumplimiento de la ley se percibe en la cantidad de agricultura irregular que se ha permitido a través de décadas, inclusive después de declarar esta zona como parque nacional en 1996, por lo que se han desarrollado comunidades agrícolas (como Monte Llano y El Castillo, etc.) dentro de los límites del parque, los cuales han sido muy poco delimitados y mucho menos resguardados por las propias autoridades.

Tabla 1. Cobertura boscosa perdida en Áreas Protegidas de República Dominicana, entre 2000 y 2014

2016-12-16-09_09_11-pacto-por-el-desarrollo-sostenible-en-republica-dominicana_-iniciemos-por-valle

FUENTE: Dr. José R. Martínez Batlle en http://www.geografiafisica.org/ basado en Hansen, et. al. (2013).

Afortundamente, el nuevo Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dr. Francisco Domínguez Brito, alentado por varias organizaciones medioambientales como la Fundación Moscoso Puello, la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UASD y la sociedad en general, ha tomado la iniciativa de implementar un plan de rescate de Valle Nuevo para revertir el deterioro medioambiental que históricamente ha presentado esta área protegida. ¡Enhorabuena!

Todos debemos velar por la efectiva protección del bosque y las aguas que suministra la justa y bien llamada, Madre de las Aguas.

Sin embargo, la decisión de imponer al mes de Enero de 2017 como fecha de término de toda actividad agropecuaria dentro del parque y sus zonas de amortiguamiento sin buscar alternativas viables para los agricultores de Constanza y San José de Ocoa que tienen décadas laborando en la zona, ha generado el rechazo de una gran cantidad de personas de estas comunidades y de todo el país. Cuando se adolece de ineficiencias institucionales históricas como en éste y muchos otros casos en la República Dominicana (como en los aspectos de la inmigración irregular, sector eléctrico, recursos fiscales y hasta en educación), las soluciones a los problemas deben determinarse de manera consensuada y gradual, ya que como sabemos, el propio Estado y la clase política dominicana es y ha sido parte importante de muchos de los problemas que nos embargan.

Por fortuna, existen alternativas que nos permitan alcanzar un consenso o pacto social que dirija a toda la nación por un viaje de transformación hacia un país mejor, como establece la propia Estrategia Nacional de Desarrollo (END, Ley 1-12). Por ejemplo, ¿Por qué no zonificar y delimitar las comunidades que históricamente han sido de vocación agrícola, ya deforestadas y fuente de sustento de muchas familias, para que se desarrollen proyectos de agricultura sostenible? Existen opciones de agricultura sostenible como la macadamia, el café, aguacate, entre otros árboles frutales orgánicos con amplio potencial y dinamismo para la exportación, que a la vez contribuyen con la reforestación y la protección de los suelos, generan riqueza y bienestar para los hogares de la zona rural (precisamente donde vive la población con mayores niveles de pobreza). Por igual, evaluar la factibilidad de implementar algunos proyectos ecoturisticos y de silvicultura que involucre a las propias comunidades en la protección del medio ambiente. Es decir, hacer realidad de manera integral y consensuada el concepto de desarrollo sostenible en la República Dominicana: economía, medioambiente y, sobretodo, ser humano, conviviendo de manera armoniosa y contando con la regulación de un Estado eficiente. El propio presidente Danilo Medina y sus visitas sorpresas dominicales tendría un rol importante en la viabilización de estos proyectos productivos sostenibles.

Para finalizar, entiendo prudente que la sociedad dominicana se aboque a la discusión y amplio consenso de un pacto social por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que vele por el estudio con rigurosidad, justicia y transparencia de estos aspectos y además, escuchar y ponderar las posiciones y consideraciones de todos los actores involucrados. ¿Por qué no empezamos por Valle Nuevo en Constanza y lo extendemos a lo largo y ancho de esta paradisíaca nación? La favorable experiencia y la importancia del Pacto por la Calidad de la Educación y los aprestos para la firma de otros pactos sociales como el eléctrico y fiscal, justifican dicha propuesta por ser todo lo relativo al medioambiente, factores de importancia capital para el desarrollo económico y social sostenible de República Dominicana.