Lejos de la necesidad que arrastra República Dominicana de asumir su política migratoria con Haití, pareciera que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional tenía un propósito otro que regular la presencia de una población nacida aquí, descendiente de migrantes a los cuales se les niega la nacionalidad. ¿Un plan secreto?, preguntarían algunos.

La función de la sentencia se ha cumplido a otros niveles, aun no se haya aplicado la desafortunada medida, que ilustra el mundo de los desaciertos institucionales de un país – que se maneja con la misma ligereza que una casa de playa… Sol, romo, ruido, espaguetis, palmeras y arena, mucha arena entre el mar y la gente.

Tras obviar que Haití es el país más pobre y mediático del Hemisferio Sur, que ha sabido hacer de su pobreza un evento, que encubre las faltas de sus gobernantes y las históricas diferencias e injusticias sociales, desde la colonia. Desde esta perspectiva, la sentencia 168-13 ha sido un “éxito”, pues ha cumplido con inesperados propósitos, que aún los beneficiados y manipuladores de dichas reacciones se niegan a creerlo. Ella ha empañado la imagen del gobierno del Presidente Danilo Medina, calificado como el más popular de Latinoamerica (74%, según Latinobarómetro) : ahora tildado de racista, xenófobo y violador de derechos Humanos.

Ha sacado temas álgidos de la opinión pública, al centrar toda la atención en torno a la decisión del Tribunal (como la acusación por estafa en un Tribunal de New York a Danilo Díaz, Jefe de Asuntos Electorales del PLD y secretario del Presidente; y la realización del Congreso del PLD, que dio inicio casi formal a la campaña política del 2016, entre otras cosas).

La sentencia convirtió al Presidente haitiano Michel Martelly en “víctima inocente”, desviando la atención internacional de la  grave crisis política que enfrenta su gobierno, ante la postergación de elecciones, uso del poder y acusaciones de corrupción, que lo coloca entre los grandes corruptos de la región.

La decisión del TC facilitó a la derecha organizada, nuevos espacios de conflictos basados en las diferencias inter étnicas – recurriendo a los viejos patrones fascistas, en boga en ciertas sociedades europeas. Esto ha generado confusión entre ambas poblaciones, al plantar la semilla de la intolerancia, fortaleciendo la heterogénea minoría haitiana, financiada y establecida en el país. Lo que se plasma en las conductas irreverentes y agresiones verbales.

La medida puso sobre las espaldas del Estado dominicano, todos los organismos internacionales, bajo la amenaza de ser penalizado por “no respetar los Derechos Humanos.” Algo que vendrá constatar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .Y que no deja ser una incoherencia cuando se analiza lo que está pasando en Haití… ¿Quién vigila eso?

Dicha comisión dio excusas al CARICOM para suspender, una vez más, la solicitud de RD de pertenecer a la organización de 14 naciones caribeñas. Algo que se intenta desde hace 40 años, teniendo el país todos los méritos para ello.

Se ha facilitado la injerencia internacional a través de interlocutores sin moralidad para enjuiciarnos y negociar por nosotros. Lo que hace nuestras relaciones internacionales, ineficientes. Siendo necesario montar una Comisión, ante un Ministerio de Relaciones Exteriores supernumerario, carente de negociadores, para enfrentar la diplomacia haitiana y el acoso internacional. Con embajadores que superponen sus roles de intelectuales y comunicadores, sin consecuencias.

Estamos en una posición frágil como nación, y cuestionable como Estado, evidenciado en el Plan de regulación anunciado por el gobierno, que desconoce “el numero de irregulares residentes en el país”, y asume “Prohibir la deportación” durante 18 meses (hasta Junio del 2015). Lo que abre las puertas a una llegada inesperadas de irregulares – presentando así el documento ciertos equívocos, a enmendar antes de ser aplicado como alternativa a la crisis actual.

Todo lo que acontece ilustra la incapacidad de RD, para enfrentar la doble condición de receptor y emisor de migración, con la salida de dominicanos esparcidos por el planeta, y La entrada de haitianos desde hace 150 años, junto a otros grupos étnicos – permitiendo transformaciones demográficas, no asumidas por los gobiernos y la sociedad. La sentencia condujo a RD a tener que discutir y firmar un acuerdo (violado) con Haití, en Venezuela, bajo la excusa de “mantener el dialogo”. Siendo este el mayor desacierto político de la crisis, al quedar históricamente presionados y ridiculizados por los haitianos, mientras los Boat People resurgen en el Mar Caribe.

La sentencia ha permitido descubrir la dimensión humana de algunos, y la mezquindad de otros. Ella nos ha hecho daño, mucho daño. Nos polariza y evacua el problema central: la falta de control en los asuntos haitianos, las alianzas estratégicas de estos años entre ambos gobiernos, y políticos-empresarios corruptos en pro de negociarlo todo con Haití.

Hoy queda demostrado que la sentencia ha cumplido con otros propósitos, que van más allá de su propósito inicial. Se observa que el tema migratorio como controversia social, es más impactante que el fenómeno de la corrupción, reconocida como una amenaza a la vida democrática. Lo que permite inferir que la migración será, tal vez, tema de campaña para el 2016.

¿Qué hacer para salir del impasse internacional con cierta dignidad, ante tantos propósitos inesperados que ha generado la sentencia 168-13? La decisión del TC debe ser sometida a un análisis pluridisciplinario, que permita dimensionar las implicaciones de la medida en el ámbito jurídico, antropológico, socio económico, internacional, socio demográfico, sanitario etc. Algo que debió hacerse antes de lanzarla – aplicando el Plan de regulación debidamente mejorado sobre todo en los Art 8 y 38. Es urgente reformar la Cancillería y reformular nuestras relaciones exteriores, en especial con Haití. Necesitamos un Canciller, una Cancillería,… embajadores capaces de representarnos y reaccionar inteligentemente a las agresiones.

Ante la ausencia de un régimen de consecuencias, cabria analizar las capacidades de los artífices de la pieza del Tribunal Constitucional que, en otro contexto, ya habrían renunciado por lanzar una medida, que ha puesto al gobierno al borde del colapso, y al Estado en una crisis internacional inédita.

Las autoridades deben mostrar una posición firme, hablando claro, siendo creíbles ante el mundo y la opinión pública nacional, preocupada por las consecuencias del mal manejo de esta crisis, que permeabiliza la imagen del país “que lo tiene todo”, receptor de turismo internacional.

Es oportuno dar un giro a las relaciones con el hermano país, sobre todo en el imaginario colectivo de la población haitiana, que vehicula su presencia imperecedera en el escenario dominicano, como única salida a sus problemas. Sin olvidar que todo lo que está sucediendo ha sido creado por nosotros y nuestros gobernantes.

Hemos dicho en reiteradas oportunidades que, cuando los dominicanos pretendieran recuperar el espacio que le cedieron a los haitianos, empezarían los conflictos interétnicos. Último e inesperado, gran propósito de la sentencia.