El gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que en cierta medida ha hecho en importantes áreas de la administración pública, aunque en otras aparecen funcionarios desmandados que si el propio gobernante no interviene a tiempo, se burlan de la Ley y del Estado de derecho.
En marzo de este año el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montás, declaró a todos los medios de comunicación que el gobierno no hará más reformas tributarias (aumento de impuestos) en lo que resta de período ni aumentará la tarifa de la energía eléctrica. Sus palabras fueron: “No habrá reforma tributaria, no habrá reajuste de tarifa, por lo que el gobierno va a actuar en función de los compromisos que asumió en el Presupuesto y que se sometió al Congreso Nacional”.
Mientras el presidente Medina daba instrucciones precisas a los funcionarios de que tienen que manejarse con lo establecido en el Presupuesto, como debe ser, el ministro de Obras Públicas estaba construyendo casetas en los peajes de las tres principales autopistas del país para elevar las tarifas para entrar y salir de la ciudad de Santo Domingo en vehículos.
El torbellino del disgusto general que levantó aquella torpe e ilegal iniciativa, porque es al Congreso Nacional a quien corresponde establecer nuevos o incrementar impuestos y tasas, finalmente fue dejada sin efecto por el presidente Medina, librándose de una confrontación social nada beneficiosa para la paz laboral y social del país.
Ahora es la Dirección General de Aduanas quien se quiere poner de espaldas a la ley para obligar a los adquirientes de bienes importados de menos de 200 dólares mediante compras por Internet a que paguen impuestos.
Lo primero es que si este país respeta la ley y el Estado de derecho tiene algún significado para los que hacen negocios, un funcionario no puede encerrarse en su despacho a disponer cobro de impuestos como si un monarca y el resto de los dominicanos y extranjeros que vivimos aquí, sus vasallos.
La Ley de Presupuesto General del Estado identifica las fuentes y estima los ingresos en función de los impuestos y tasas vigentes. Luego distribuye ese estimado de ingresos en lo que constituye el gasto y lo completa con financiamiento, si es que los ingresos no dan para cubrir todas las acciones del gobierno en un año.
Lo anterior explica que una vez aprobado el Presupuesto, los ingresos pueden ser mayores o menores que lo estimado, pero no se puede –salvo que se quiera violar la ley- incrementar las tasas e impuestos en forma administrativa.
Más aun, si los ingresos sobrepasan las estimaciones y por tanto superan los gastos presupuestados, el gobierno no puede disponer de esos fondos en forma administrativa como se hacía en el pasado a través de la famosa cuenta 1401, sino que los acumula y envía al Congreso Nacional un Presupuesto Complementario en el segundo semestre del año para que los legisladores aprueben cómo se van a gastar o a invertir esos fondos que estaban fuera de Presupuesto.
Si el gobierno no puede, administrativamente, gastar el dinero que no previó recibir a la hora de elaborar y aprobar el Presupuesto General del Estado, ¿cómo es que un funcionario del gobierno decide en su fría oficina “incrementar tasas” o crear nuevas para recaudar mediante fuentes que no se contemplaron al elaborar el Presupuesto?
Corresponde a los legisladores en primer término y al resto del pueblo por igual indicarle a la Dirección General de Aduanas que su trabajo es recaudar con los impuestos y tasas que se elaboró el Presupuesto y que no tiene facultad legal ni constitucional para modificar el régimen arancelario, que es atribución exclusiva del Congreso Nacional.
Fue el propio gobierno quien excluyó –y luego los legisladores lo respaldaron- poner impuestos a las compras por Internet menores de 200 dólares cuando se aprobó la última reforma tributaria en noviembre de 2012 y que entró en vigencia parcialmente en enero de 2013, pese al reclamo del mismo sector que quería gravar esas compras.
Para los que no lo sabían, ya lo saben: aquí hay comerciantes que saben muy bien que los impuestos los establece el Congreso, por eso recurrieron a él cuando se debatía la reforma tributaria de 2012, pero como perdieron la partida, ahora penetran de incógnito por vía de Aduanas para eliminar a su competencia. Y resulta que esos son los mismos que cobran el Itbis al comprador final pero no lo entregan al gobierno o lo hacen solo parcialmente y van por ahí con su carita de “elegante man”.
¿Cómo pretende ahora el director de Aduanas, mediante un “Aviso” en la prensa escrita, dejar sin efecto un decreto del Presidente de la República que está vigente y que por demás sería un acto de agresión al libre comercio –en este caso minorista- del que se pueden beneficiar por igual comerciantes formales, informales, personas e instituciones?
Aunque parezca un círculo vicioso de la prehistoria de la administración pública dominicana, hay que pedirle nuevamente al presidente Medina que pare a tiempo esa cantinflada de la Dirección General de Aduanas que solo le abrirá, sin ninguna necesidad, un frente en el que el gobierno tiene todas las de perder en la opinión pública y en los tribunales.