Los medios nacionales no se han hecho eco de una reciente publicación de la Fundación Heritage y del Wall Street Journal, llamada Indice 2012 de Libertad Económica. El trabajo se enfoca en clasificar las economías nacionales del mundo, colocándolas en una escala de “economías libres” a “economías no libres”.
El estudio lleva dieciocho años de vigencia. Anualmente, los investigadores estudian 179 países y a los fines de clasificarlos, toman en cuenta los siguientes parámetros: estado de derecho (derechos de propiedad y lucha contra la corrupción); gobierno limitado (libertad fiscal y gasto gubernamental); eficiencia regulatoria (libertad de negocios, libertad de trabajo y libertad monetaria) y mercados abiertos (libertad de comercio, libertad de inversión y libertad financiera).
Las naciones son ubicadas en una escala de 0 a 100 puntos y de acuerdo al análisis, las cinco economías más libres del mundo son: Hong Kong (89.9), Singapur (87.5), Australia (83.1), Nueva Zelanda (82.1) y Suiza (81.1). Las peores calificaciones fueron obtenidas por un grupo de diez países, cuyas economías son las más reprimidas del planeta. Estas son: Guinea Ecuatorial (42.8), Irán (42.3), República Democrática del Congo (41.1), Myanmar (38.7), Venezuela (38.1), Eritrea (36.2), Libia (35.9), Cuba (28.3), Zimbabue (26.3) y Corea del Norte (1).
La economía dominicana no es considerada libre por el estudio. Somos calificados como una economía “mayormente no libre”. De un total de 179 países examinados, ocupamos la casilla número 87, con una puntuación de 59.7. Otro examen reprobado para la República Dominicana.
Los evaluadores, en la justificación de por qué nos corresponde esa nota tan baja, exponen que el país ha desmejorado en aspectos vitales como lucha contra la corrupción, libertad de trabajo y libertad de comercio. Entienden que el obstáculo más serio en el avance de la libertad económica lo constituye la carencia de momento político para la realización de reformas institucionales más profundas.
Explican que las restricciones más visibles para el desarrollo del sector privado son la burocracia administrativa y el irrespeto a los contratos. La ineficiencia gubernamental y la amplia cultura de corrupción afectan gran parte de la economía. La protección que le deben los tribunales a los derechos de propiedad se mantiene vulnerable debido a interferencias políticas y las rígidas regulaciones laborales constituyen un impedimento para reducir los altos niveles de desempleo.
En sus conclusiones sobre el estado de derecho, explican que el sistema de justicia es ineficiente así como el reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual. Los examinadores observaron que la corrupción en los ministerios gubernamentales, las fuerzas policiales y militares empeoraron durante los últimos dos mandatos presidenciales de Leonel Fernández, debilitando la efectividad del gobierno.
A nivel regional no nos va mejor. Chile (79.0), Santa Lucía (70.4), Bahamas (70.1), Uruguay (69.7), Colombia (69.6), Barbados (69.3), Perú (68.2), Costa Rica (67.0), México (67.0), Jamaica (66.8), El Salvador (66.7), San Vicente y las Granadinas (66.7), Dominica (63.9), Panamá (62.5), Trinidad y Tobago (62.3), Paraguay (61.1) y Guatemala (60.0) han logrado mejores niveles de libertad económica en América Latina y el Caribe. Una evidencia más de que no somos el “Chile del Caribe”, como se ha querido hacer creer en el extranjero durante la última década.
Dejo constancia de que no soy economista ni experto en estos temas. Sólo reproduzco lo que la Fundación Heritage y el Wall Street Journal consideran son los niveles de libertad económica que observa nuestro país. Explicaciones más amplias aparecen en www.heritage.org.
En conclusión, mientras se nos vende internamente la idea de progreso y desarrollo, técnicos extranjeros continúan advirtiendo el grave deterioro institucional que acusamos. Si la cultura de corrupción que cubre todos los sectores de la vida nacional no cambia radicalmente, no nos va a sorprender que nuestro rendimiento siga bajando con los años.