Ningún sistema social será exitoso si la asignación de los recursos y los incentivos que otorga no se corresponden con los objetivos y metas que persigue
El sistema público de salud está diseñado de espalda a las necesidades de la población. La forma de asignación de los recursos y los incentivos, así como la atención a medio tiempo, son sólo dos de los grandes tumores que han mantenido a la salud pública en cuidados intensivos durante más de medio siglo.
La conversación al más alto nivel en torno a las demandas del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de los demás gremios de salud, nuevamente coloca a las autoridades dominicanas ante la disyuntiva de reorientar la salud pública hacia la población, o continuar haciendo más de lo mismo.
La asignación de los recursos y la contratación del personal responden más a las presiones de grupos que a las necesidades y demandas de los pacientes. Esta forma tradicional, al repetirse año tras año, década tras década, ha reducido la calidad y oportunidad de la atención y la capacidad de respuesta gerencial en un mercado competitivo.
Este es uno de los temas esenciales que marcan la diferencia entre la gestión privada y la pública. Los ingresos de las clínicas dependen de manera directa de la capacidad para atraer y atender a los pacientes. En cambio, en los hospitales todo está garantizado de antemano, e independientemente de la demanda y de sus resultados.
Por eso las clínicas están obligadas a extender los servicios y a mejorar la atención, mientras los hospitales los reducen y empobrecen. En una posición intermedia está los hospitales de auto gestión, con mejores resultados gracias a que aplican una lógica gerencial más cercana a la población.
Cuando un hospital mejora los servicios, los pacientes afluyen en mayor cantidad e intensidad, consumiendo más medicamentos, placas, reactivos, colchones, sábanas y demás insumos. Pero al no recibir más recursos ni incentivos, pronto la calidad desciende, generando frustración en la gerencia y en el personal.
En cambio, la población deja de acudir a aquellos hospitales donde el servicio es deficiente. Al mantener invariable el presupuesto, en el primer caso se penaliza la iniciativa, la capacidad y el compromiso, mientras que en el segundo, se premia la incompetencia y la falta de responsabilidad y dedicación. Así de simple.
La Ley 87-01 en su artículo 173 dispuso para el sector púbico la contratación basada en un sueldo base “más incentivos por el logro de metas, niveles de calidad, resultados obtenidos y desempeño”. Y tarifas profesionales más incentivos para el sector privado. En ambos casos el interés es mejorar la atención a los afiliados. Pero todavía esto es letra muerta.
El gasto millonario en construcciones y remodelaciones que realiza el Gobierno correrá la misma suerte salvo que, por primera vez, se abandone la tradición de hacer más de lo mismo y se acompañe de un cambio en la política de asignación de los recursos. Bastan tres ejemplos: en las últimas décadas las múltiples remodelaciones del Gautier, de la Maternidad y del Darío Contreras demuestran que la fiebre no está en la sábana. Que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente.
El diálogo entre las autoridades y el CMD y aliados, constituye una nueva oportunidad para comenzar a enderezar entuertos y buscar soluciones más orientadas a mejorar la atención de la población y a estimular la superación, la dedicación y el logro de resultados. Queda pendiente el tema de los servicios de medio tiempo.
ADS/134/28/04/2016