“Ya se va para los cielos
ese querido angelito
a rogar por sus abuelos
por sus padres y hermanitos.
Cuando se muere la carne
el alma busca en la altura
la explicación de su vida
cortada con tal premura.”
Violeta Parra
Hace algunas semanas la ciudadana boliviana Dorotea Paco dio a luz en un hospital público chileno, un lactante de su misma nacionalidad, finalmente falleció pues le fue negada la atención sanitaria. Según denunció en su momento el servicio Jesuita a Migrantes, Dorotea Paco estuvo impedida de salir del hospital público durante cinco días "Porque le tienen retenido su documento nacional de identidad boliviano. Para agravar la situación, no le han dado el Certificado de Parto, por lo que el niño se encuentra sin identidad aún".
Refiriéndose a lo vivido por los ciudadanos bolivianos, el Dr. Fulvio Rossi presidente de la Comisión de Salud del Senado chileno afirmó, "esta situación es muy dramática, estamos hablando de una vida humana y no importa si es de Bolivia, Brasil o Chile. Lo más relevante es que tenemos que avanzar en normar de mejor manera y capacitar al personal para que todos los pacientes sean atendidos, sin ningún tipo de justificación"
Al respecto, el superintendente de Salud afirmó que "en cuanto nos enteramos de esta situación enviamos a nuestro Agente Regional a investigar lo ocurrido; a entrevistarse con la autoridades, con los funcionarios y con la familia afectada". También señaló que actualmente existe una Ley que asegura la atención de urgencia que prohíbe el condicionamiento de la atención de salud a la entrega de dinero o cheque en garantía. "Este tipo de hechos no puede volver a ocurrir y además se deben cumplir las instrucciones que están vigentes en el Ministerio de Salud y que aseguran la atención de urgencia para todas las personas. Sean chilenas o sean migrantes, estén en situación regular o irregular, las personas tienen derecho a atención de urgencia".
La presidenta del Senado chileno, Isabel Allende (PS), manifestó su pesar por la situación vivida por la ciudadana boliviana Dorotea Paco y reiteró la necesidad de otorgar la nacionalidad a todos los niños que nazcan en Chile recordando que "En el mes de agosto presenté una moción que establece un nuevo inciso en la Constitución Política para que los hijos de extranjeros, nacidos en Chile, puedan acceder a la nacionalidad chilena, independiente del estatus migratorio de sus padres, situación que es necesaria y acorde a las necesidades actuales de un mundo globalizado en el que estamos insertos".
Todo esto viene a cuento a propósito de que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos de quienes estén en el territorio en el que ejercen soberanía y son responsables inmediatos si éstos se violan. Esto es especialmente delicado pues las violaciones ocurren por acción u omisión de los agentes del Estado directamente responsables de asegurar esos derechos. Si en algún espacio es indiscutible la responsabilidad estatal es respecto a la situación de quienes están en cárceles, escuelas u hospitales públicos. Ni siquiera la ocurrencia de algún accidente puede servir como argumento para aminorar la violación. No está demás decir que las violaciones a los derechos humanos no se justifican, se sancionan y hasta donde es posible, el Estado debe reparar e indemnizar.
Por eso es repugnante leer en los periódicos un “Siempre ha sido así” para justificar los promedios de muerte de niños en los fines de semana. Peor todavía el gárrulo que satisfecho proclama: “Este fin de semana sólo murió uno”.
Esperar que en los hospitales funcionen los elevadores, o que los tanques estén adecuadamente provistos de oxigeno, es un mínimo esperable para funcionarios a los que el Estado les paga para asegurar el derecho a la salud y a la vida. Desde Nüremberg las responsabilidades son individuales: el funcionario no puede esconder su ineptitud culpando al ‘sistema’ que es en definitiva el que le paga para que preste un servicio que debe ser de calidad. Si las condiciones no son suficientes para un adecuado servicio -por incompetencia o por carencias del establecimiento- esto debió ser denunciado antes para impedir la violación y demostrar de paso la vocación de servicio público del funcionario o funcionaria.
Pero… y ahora? La impunidad volverá por sus fueros. ¿Habrá que revisar el “sistema”? Claro, para que todos sean una vez más inocentes, los culpables serán otra vez los muertos que tuvieron la mala idea de enfermarse sin tener dinero para acceder a lugares donde la salud es un servicio y nunca un derecho.
Si de algo debiera servir el martirio de estos ‘ángeles’, como los llamó Violeta, es para que nunca más los cuenten con decimales (2,2 diarios). Y a la intelectualidad quizás le ayude a darse cuenta de que no hace falta ir a costosas academias para aprender cómo es un Estado que no funciona.
Por último y no poco importante, todos y todas a quienes todavía la humanidad les importa, deben prestar atención a la ausencia de los medios de comunicación de los inefables “defensores de la vida”, purpurados hipócritas, profetas de la muerte, sacerdotes que hace tiempo renunciaron al anuncio del Dios de la Vida y que esperan el momento oportuno para agredir mediante sus zarpazos impíos, en nombre de la vida –que ellos llevan- la negación de los derechos de las mujeres.