En medio de la mayor crisis sanitaria que ha vivido la presente generación, suenan las alarmas anunciando un nuevo episodio en el drama que circunda el vertedero de Duquesa y el impacto de este en la población del Gran Santo Domingo. Un vertedero localizado en el municipio de Santo Domingo Norte con una superficie de 1,238,145.16 m² (PMAA), sirve de botadero a once (11) Ayuntamientos asentados en la provincia de Santo Domingo, la provincia de San Cristóbal y el Distrito Nacional, con una población que asciende a los 4.5 millones de personas en una superficie de 1,700 Km². Cuando analizamos el impacto del vertedero de Duquesa desde el punto de vista urbanístico es importante destacar y analizar dos factores: la ausencia de ordenamiento territorial y la debilidad en la gestión de los residuos sólidos.
Por un lado, se evidencia la ausencia de ordenamiento territorial debido al incumplimiento de los Ayuntamientos en aprobar instrumentos para la regulación del uso de suelo que delimiten y localicen este tipo de equipamientos en su contexto urbano, evitando así la ocupación desordenada de su entorno, tal y como se evidencia en todo el perímetro que circunda el botadero, ocupado por un sin número de actividades que entran en conflicto con el mismo. Por otro lado, la gestión de los residuos sólidos desde el momento en que se produce hasta cuando llega a la disposición final ha demostrado ser un modelo poco efectivo que incide en los males que hoy nos aquejan, donde no se aprovecha la oportunidad que nos brinda todo el proceso para fomentar nuevos nichos y a su vez no articula toda la institucionalidad pública.
De manera que es importante avanzar en propuestas para contrarrestar estos dos factores; por un lado, los Ayuntamientos tienen que ordenar el territorio de sus municipios delimitando el espacio de cada una de las actividades que se realizan en su demarcación, mirando a futuro para que las actividades en conflicto establezcan las distancias mínimas entre unas y otras. Este ordenamiento se materializa a través de instrumentos técnicos que deben ser aprobados por los Concejos de Regidores de cada municipio para regular legalmente la ocupación del territorio.
De igual manera se requiere activar un nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos, sustentado en un esquema multi-escalar que tome en cuenta la configuración espacial del territorio para así reducir los lugares de disposición final situados en todo el país. Un modelo de gestión de tres niveles integrado en primer lugar por los Ayuntamientos como responsables de la recolección y limpieza de su demarcación, los cuales deben implementar una estrategia focalizada para la recogida clasificada de los distintos tipos de residuos sólidos, donde la mayor parte recolectada se encuentra en los residuos alimenticios orgánicos (58%), los cuales pueden disponer de puntos a nivel de edificación o vecindario para ser recolectados.
En segundo lugar, una entidad supra-municipal o regional con las capacidades financieras y técnicas para la operación mancomunada de la disposición final, que permita organizar una licitación nacional y/o internacional con todo el rigor requerido que garantice la contratación de una administración para este tipo de infraestructuras, integrando en su consejo de administración la participación de los Ayuntamientos en función de una cuota establecida por el nivel de actividad de su municipio en las actividades de vertido. De esta manera los Ayuntamientos se concentran en las tareas de su demarcación y a su vez son parte de la entidad de carácter estatal que estará coordinando la gestión regional de la disposición final.
En tercer lugar, la participación articulada del Congreso de la República Dominicana y el gobierno nacional para la aprobación y revisión de los marcos legales necesarios, con el fin de su posterior reglamentación por la entidad o conjunto de entidades sectoriales que se designen para velar por el cumplimiento normativo de lo establecido para todo el país.
Espero que esta nueva crisis no solucione solo lo urgente, si no que aborde lo importante para transparentar de manera definitiva el modelo de gestión de los residuos sólidos que necesita el país, estableciendo los roles de cada uno de los actores institucionales para garantizar un manejo sostenido en función del alcance territorial permitido por la legislación vigente.