Diversas organizaciones profesionales, sindicales y de la sociedad civil han estado esperando un aumento general de los salarios y de las pensiones, tomando en cuenta que hace una década que no se realiza un reajuste general, a pesar del alto costo de la vida acumulado. Aunque el Presidente Medina declaró que nadie podía vivir con menos de 10,000 pesos, el salario mínimo gubernamental sigue siendo 5,117 pesos, a pesar de lo cual el proyecto sometido ni siquiera contempla un aumento del salario y la pensión mínima, para respaldar sus palabras.
Resulta que esta triste noticia, sobre la imposibilidad de aumentar los salarios y las pensiones, se recibe junto con las afirmaciones gubernamentales sobre la dramática reducción de la pobreza y del crecimiento inusitado de la clase medida del país. ¿Cómo explicar estos dos logros, al tiempo de decirle al país que por décimo año consecutivo no se mejorarán los salarios ni las pensiones?
Los voceros oficiales han señalado que “no habrán alzas de salarios porque no hay opciones y debe mantenerse la estabilidad fiscal. Ello revela que la política oficial no responde a un criterio de justicia social ni de equidad, sino que sólo cede ante las presiones de determinados grupos y sectores, aumentando las desigualdades y distorsiones.
El presupuesto asignado a Salud Pública apenas se acerca al 2.0%, desoyendo a crecientes sectores que demandamos un aumento gradual, hasta llegar al 5% antes del 2020. El aumento contemplado sólo compensa en parte la reducción del ingreso de los hospitales por la eliminación de la cuota de recuperación. Sin una contribución mayor del Estado, más de 3.0 millones de dominicanos sin cobertura continuarán fuera de la protección social, abandonados a su propia suerte, y a pesar de tantos logros alcanzados.
Cada vez se hace más evidente e incuestionable la interminable crisis del sistema hospitalario nacional. La insuficiente asignación a Salud Pública indica que los centros públicos continuarán prestando servicios deficientes y discontinuos, con escándalos recurrentes, como lo han denunciado el propio personal médico y los reportajes de los medios de comunicación. Además, que el país no podrá mejorar los indicadores de salud, ni tampoco prepararse adecuadamente para enfrentar el dengue, el ébola y la chikungunya, y otras amenazas.
Salvo para educación, el resto del gasto social continúa comprimido, con niveles notablemente inferiores al promedio de la Región, agravado por una baja calidad de ejecución, mientras se mantienen millonarias exenciones fiscales y cuantiosos subsidios innecesarios, a favor de minorías privilegiadas y de grupos de presión.
A pesar de haber mejorado su presentación, el presupuesto nacional, lejos de ser una herramienta de trabajo orientada al crecimiento equilibrado, a dinamizar las fuerzas productivas nacionales, y a reducir las desigualdades sociales, continúa siendo un voluminoso documento destinado a justificar y preservar privilegios irritantes.
Por eso, sectores importantes del país reclaman una reforma fiscal integral, que incluya la elaboración de un Presupuesto Nacional en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y una ejecución con mayor racionalidad, disciplina y transparencia.