Hace más de 35 años, que somos culpable de saturación intelectual y de hastío intencional repitiendo, una y otras veces, la necesidad de ordenar el territorio, regular, incentivar, orientar aspectos de la vida cotidiana como la repartición de la población en las regiones, sus actividades y sus movimientos en un espacio geográfico en proceso de fragilizacion por el cambio climático y la falta de infraestructuras estructurantes, sobre esa urbanización continua que fagocita tierras productivas o que se realiza en lugares no adecuados. Hace años que las inversiones del Estado debían rectificar y corregir situaciones locales de desigualdades y distorsiones, en particular en la frontera donde la geopolítica y algunos temas se agudizan en un instante.
Hemos fracasado en los intentos de persuadir sobre la necesidad de la descentralización del presupuesto (concentración en el ex DN) y la regionalización como instrumental que podía combatir la pobreza por lidiar con las diferentes potencialidades regionales y locales , además de visualizar las condiciones geopolíticas muy particulares que tiene nuestra Isla.
Luego de tres décadas en las cuales, la planificación territorial paso de irrisoria, a ilusoria a inútil porque todo se dejó al juego de la oferta y la demanda, del libre mercado, a la lógica concentradora de la economía, vemos como de todas partes, se clama hoy por su participación y efectividad como un paliativo frente a las consecuencias adversas producidas por ese modelo económico y a iniciativas aisladas, fracasadas (Playa Grande, Juan Dolio, Boca Chica) que han acentuado los desequilibrios espaciales (Bávaro-Punta Cana/Higuey, etc. ), la inseguridad vial en particular, el desempleo, la pobreza, la marginación, la contaminación o alteración ecológicas y la generación de des-economías, por la competencia entre capitales y esa relación difícil inversión/rentabilidad/espacio/tiempo.
¡Y que paradoja hoy, se habla de ordenamiento territorial con una febrilidad inusitada, porque el modelo de desarrollo asumido ha generado unos costos socio económicos y ambientales, tales que ponen la productividad de los capitales en peligro pero que la sociedad entera debió asumir para evitar tales inconvenientes (regeneración de playas, costas, corales, obras). Los ejemplos se multiplican en tiempos de tormentas y ciclones, pero hoy, vemos como, en Punta Cana, el Ministerio de Turismo “produce” una nueva normativa al vapor, que cambian las reglas del juego de la rentabilidad/territorio/tiempo, frente a las presiones de inversiones foráneas que buscan nichos, nuevos y oportunidades renovadas. Sin jamás haber realizado EIA’A (estudios de impactos ambientales acumulativos que, siempre hemos reclamado) es evidente, que las edificaciones aprobadas, van a provocar nuevos e importantes impactos, -no por las formas arquitectónicas- sino por la oferta y la clientela que implican esas inversiones/espacio/tiempo ; después, vimos como en Villa Agrícolas ocurre, por falta de planificación urbana, un accidente, en plena barriada popular, provocada por la co-existencia imposible entre una industria peligrosa y una zona residencial pero al mismo tiempo, vimos como el Ayuntamiento del Distrito Nacional anunciaba un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Municipal e inmediatamente lo desaparecía, porque no había contemplado, la necesaria deslocalización de esas industrias en zonas alejadas de todo poblamiento. Otro ejemplo significativo es el accionar del ayuntamiento de Santo Domingo Este: su síndico y sus regidores anuncian la construcción de una terminal de autobuses, en un Área Protegida, despreciando, la oposición de los vecinos y los impactos ambientales de tal terminal (que no han investigado), que debía, sencillamente, mover su emplazamiento de algunos km. para no afectar la circulación subterránea de las aguas de un conjunto kárstico, que además, produce ingresos turísticos. Pero más recientemente, vemos como se descuartiza el territorio municipal de Santiago, (que es, a la base, un valle drenado por el Yaque del Norte), sin estudios geográficos, ni de factibilidad, solo por una pugna entre politicos de un mismo partido, que se disputan espacios de Poder.
Es imprescindible la modernización de las instituciones de gestión administrativa, la incorporación de conceptos politicos acordes con la Historia, como desconcentración y descentralización, regionalización, participación comunitaria y autonomía municipal, delegando en forma paulatina mayores responsabilidades al municipio con una supervisión permanente e eficaz. Es imprescindible un cambio radical en la gestión e administración del territorio, se precisan de 2 niveles de gobernanza, -uno técnico y otro, político tanto a nivel regional como a nivel municipal- porque hoy el territorio, local y global y la economía global izada generan una fuerte demanda por:
. Un desarrollo territorial-ambiental sostenible y socialmente equitativo
. Competitividad de regiones y ciudades, para atraer inversiones e incentivar el empleo.
. Una disminución de las deseconomías que crea la excesiva centralización del Estado.
. Un real desarrollo local, municipal sin divisiones infuncionales como son los distritos municipales.
. La posibilidad de participación orgánica de la comunidad en lo relativo a la formulación de planes, programas y proyectos. Y su evaluación permanente.
Lo que se reclama es una planificación territorial, nacional y municipal que sea capaz de prever esos impactos que afectan, hoy, un territorio que funciona por “enclaves” dejando a las mayorías, territorios sin seguridad. Pero, ¿frente al actual contexto municipal y nacional e internacional esto es posible? Es posible imponer localización, controlar el uso de la tierra, indicar densidades, prohibir o variar decisiones individuales para el Bien Común? … Muchos creemos que SI, pero no de la forma en que se venía haciendo, porque la realidad actual reclama un mejoramiento en la capacidad de gestión a través de la propuesta de las nuevas metodologías de trabajo, enunciadas, la búsqueda de soluciones a partir del consenso de los agentes intervinientes, la formulación de nuevas normativas acordes no solo a las exigencias que impone la economía de mercado, sino a un pueblo que clama por más eficiencia, más seguridad territorial e ambiental, mejor calidad del ambiente para vivir mejor y mas. Al examinar la nueva ley de ordenamiento territorial que se aprobó, nos surgen inquietudes que veremos en un próximo artículo.