La filosofía popular ha enseñado por siglos que “el dominicano pone candado después que le roban”.
Visto en la vida cotidiana pudiera ser una crítica muy ácida al descuido constante, a la falta de previsión y de precauciones para preservar bienes, inspirar respeto y marcar distancia con la delincuencia.
Pero el hecho de poner el candado después del robo implica que el afectado no está dispuesto a que le sigan robando, que valora su propiedad y adopta medidas para no convertirse en un rehén de los ladrones.
Traducido a la política, poner candado después del robo debe ser algo así como una toma de conciencia firme de que el engaño de que ha sido víctima un grupo de partidos no se lo van a dejar repetir.
A quienes no le roban ni prendas ni elecciones es a los que se blindan previamente porque saben que viven entre ladrones.
Por eso el país está lleno de urbanizaciones cerradas a las que solo se puede entrar con autorización de uno de los residentes, previa identificación.
Los que tienen su residencia o apartamento en calles y avenidas, para que no le roben, colocan muros de hormigón, forran puertas y ventanas con herrajes, cuelgan alambres de trinchera, los cargan con electricidad, si pueden ponen un guardián armado y no conforme con estas medidas, a veces completan con una pareja de perros de presa. Así, mejor emboscados que un pelotón vietnamita durante la guerra, viven los dominicanos para que no les roben lo mucho o lo poco que tienen.
En el ámbito político, los partidos que se consideran abanderados de la causa del pueblo tienen que adoptar medidas mucho más extremas para evitar que les roben las elecciones, los dividan, los desacrediten y finalmente los tiren al mar.
Un país dominado por un partido que lo controla todo gracias a las gloriosas maniobras políticas que ha realizado de 1994 hasta la fecha, no de las luchas patrióticas (¿cuáles?) ni por ser ejemplo de honestidad, ya carece de escrúpulos y casi con ganas de vomitar uno tiene que ver a gente que apreciaba y defendía de los atropellos del poder, robando elecciones de forma más descarada que los balagueristas en los años sesenta y setenta del siglo pasado (en plena Guerra Fría) y de los que ellos eran las víctimas.
La única posibilidad de poner en aprietos la reelección de Danilo Medina era que toda la oposición presentara una fórmula presidencial y vicepresidencial única y unitaria, seguida por un reparto proporcional de las candidaturas legislativas y municipales en todo el país. “Los principios” de algunos partidos impidieron ese blindaje cuando había tiempo y para sacar provecho.
Nadie puede evaluar hipótesis, pero pocos dudarían hoy que esa gran unidad hubiese provocado un efecto sinergia en la población y un mayor grado de compromiso y confianza en el triunfo de los delegados políticos unitarios en las mesas de votación para impedir los fraudes y torcer la voluntad popular.
Ese era el principal “candado” que necesitaba la oposición para evitar el robo de las elecciones por un aparato corporativo insaciable. No pusieron ese candado porque algunos alegaron que no hacen acuerdos con fuerzas que no comparten sus principios, desconociendo la sentencia leninista de que “un paso práctico vale más que mil programas”.
Lo que no pusieron en la balanza antes del robo los opositores es que ninguno de ellos por sí mismo podía impedir el robo electoral y que era preferible compartir las candidaturas según la proporción de fuerzas de que disponía cada uno, antes de que los despojaran a todos en la dispersión.
Como buenos dominicanos que “ponen candado después del robo”, todos los partidos de la oposición –salvo el Social Demócrata de Hatuey de Camps- se han unido dejando atrás sus diferencias para denunciar el robo y reclamar desde anulación de elecciones hasta cambios drásticos en el sistema y los jueces electorales.
Aunque pusieron candado después del robo, es alentador que la oposición esté unida porque si cuenta con un mínimo de talento político y desprendimiento grupal, tal vez se acopla y busca el respaldo del pueblo para que éste, movilizado en todo el país, obligue a la renuncia de los jueces electorales venales y se escoja por consenso político y social a jueces honorables e independientes, que respeten al pueblo y reconozcan su expresión cívica.
La peor trampa en que pueden caer los partidos opositores es aceptar ir a una mesa de “concertación” para negociar “en frío” la reestructuración de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Esa debe ser una consecuencia del más alto grado de repudio a las prácticas parcializadas y de la decisión popular de no aceptar a políticos profesionales al frente de los tribunales.
Vamos a ver si el candado que están tratando de poner los dirigentes de la oposición es “genuino” que solo abre con su llave, o por el contrario, es “carabelita” que abre con solo enseñarle cualquier llave.