El reciente llamado del presidente de la Suprema Corte de Justicia a los jueces (SCJ), de no coger presión y actuar con imparcialidad, porque en sus manos descansa la seguridad del Estado-Nación y la independencia judicial, ha sido muy oportuno.
Sobran los casos conocidos en que jueces se intimidan por lo que pueda decir la prensa, lo que piensen los políticos, aquellos que directa o indirectamente deciden sus puestos, lo que puedan hacer los superiores del Poder Judicial, que premian y castigan, y, entre otros, lo que presionen los organismos internacionales y países extranjeros.
Si la tutela de derechos y el debido proceso, vistos como algo sagrado por el magistrado Luis Henry Molina, depende del humor de un juez, de los juicios mediáticos, de los temores a la permanencia en el servicio judicial, a la pérdida de una visa, a determinados beneficios personales o de cualquier cuestión externa a la justicia, la independencia judicial, y, con ello, su corolario de imparcialidad, estaría puesta en juego.
La independencia judicial está fundamentada en principios. Entre los sustantivos, el nombramiento y mantenimiento en la función por capacidades; la inamovilidad en el puesto –perdida con la Constitución de 2010-; el derecho a la carrera judicial –traslados deben ser voluntarios (sabemos cómo se venían usando para castigar sin causa o por conveniencias particulares), ascensos y jubilación-; su vinculación exclusiva a la ley, a la Constitución y a los instrumentos internacionales; a la jurisprudencia de principios y su distancia con los intereses de las partes envueltas en sus decisiones (imparcialidad en sentido estricto).
Las expresiones del presidente de la SCJ son esperanzadoras. Lo que queremos es que se concreticen con acciones que no dejen dudas de que las garantías de ingreso por mérito a la profesión judicial, las condiciones de seguridad en el trabajo, las seguridades de que ningún superior jerárquico puede darle instrucciones y de la conciencia de los jueces de que cada uno de ellos constituye el Poder Judicial. Sin estos presupuestos, y un efectivo régimen de consecuencias, efectivamente, perderemos nuestra razón de ser como Estado-Nación, pues ellos constituyen la garantía de un servicio judicial óptimo, como el que esperamos todos.