Sin dudas son gravísimas las acusaciones lanzadas por el Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, sobre la actuación de cinco jueces del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo así como de un magistrado recién renunciante precisamente del Consejo del Poder Judicial, que es el organismo especial que tiene a su cargo investigar la conducta de los miembros de la Judicatura en el desempeño de sus funciones.
Acogiendo los señalamientos acusatorios del doctor Domínguez Brito se ha dispuesto la suspensión de los cinco jueces y la indagatoria de sus actuaciones así como al renunciante magistrado Francisco Alberto Arias Vallejo. Este había justificado su dimisión pretextando que iría a practicar el ejercicio privado del Derecho en el despacho del doctor Radhamés Jimenez, ex Procurador General y socio de bufete del doctor Leonel Fernández, quien lo ha dejado en seria evidencia al desmentirlo de manera categórica en el programa radial El Gobierno de la Tarde, que dirige Consuelo Despradel.
No se trata en este caso de acusaciones venales sino por el contrario, de muy serios cargos que cobran categoría de asociación de malhechores, cuando el Procurador General les imputa nada menos que de integrar una mafia dedicada a negociar fallos favorables a elementos de la más alta peligrosidad pertenecientes al crimen organizado. Como cabeza de la misma, el índice acusador señala al ex magistrado Arias Vallejo.
En cada caso, el doctor Domínguez Brito hace imputaciones concretas, citando casos específicos. Estos van desde el fallo disponiendo la devolución de bienes a imputados por cargos de narcotráfico hasta la puesta en libertad de elementos dedicados a esta actividad criminal, con previos antecedentes penales y sobre los que pesan graves cargos.
Entre los casos que señala el Procurador figuran la sentencia ordenando la devolución por parte del Banco de Reservas y del Ministerio de Hacienda de 20 millones de dólares por el caso de la Torre Atiemar, a una empresa panameña propiedad de Arturo del Tiempo, quien cumple condena en España por tráfico de drogas; asimismo, la puesta en libertad del regidor de Pedro Brand, Eriksson de los Santos, al que se sindica como jefe de una banda de sicarios a la que se atribuyen varias muertes por encargo.
Todos son cargos muy serios, que se supone estarán avalados en cada expediente por elementos concluyentes en manos del Procurador General de la República con suficiente validez legal para conducir a una investigación muy exhaustiva, que no deje piedra sin remover ni pista sin explorar para, de ser ciertas y probadas las acusaciones, llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, poniendo al descubierto todas las posibles complicidades, incluyendo los responsables e intermediarios corruptores y sometiéndolos a la acción de la propia Justicia que han degradado.
Nunca antes que se recuerde el Poder Judicial se había visto enfrentado a un posible escándalo de corrupción concertada de tal magnitud, por lo que no es exagerado afirmar que ahora mismo, ante el peso de estas acusaciones, el rancho de la Judicatura Dominicana está que arde.
No obstante, más que una crisis debe ser una oportunidad, tal como plantea la milenaria sabiduría china, para sanear la Judicatura de elementos indeseables, fortalecer sus filas y recuperar parte de su prestigio y su muy disminuida confianza pública. Todo dependerá de la seriedad y amplitud con que se lleve a cabo la investigación desafiando presiones e influencias y de espaldas a toda complacencia.