Las restricciones de las actividades en la República Dominicana, como consecuencia de la crisis COVID19 redujo en la primera etapa de la pandemia, los movimientos de transporte en todo el territorio nacional a su mínima expresión, limitando a su vez el número de pasajeros en unidades colectivas para mantener el distanciamiento físico.
En estos momentos el proceso de flexibilización de las medidas ha permitido libertades en los desplazamientos, a pesar de las restricciones por el toque de queda; con la proyección de que al concluir las medidas impuestas, regresemos a la vieja normalidad y el volumen de circulación urbana motorizada aumente en relación con lo registrado antes de la pandemia. Esto debido a la ausencia de políticas de movilidad urbana implementadas en esta temporada, para transformar la cultura de los desplazamientos que ha imperado en el país durante los últimos cincuenta años.
Este cambio en los patrones culturales de movilidad se materializa cuando se sustituye el uso de los vehículos privados, por mayores desplazamientos peatonales, el uso de medios no contaminantes para moverse y el aumento del transporte colectivo; lo cual incidirá en que podamos contar con ciudades más habitables.
En nuestro país el sistema de transporte colectivo se encuentra compuesto por operadores estatales (autobús, metro y teleférico) y operadores privados cuya licencia de operación se obtiene al momento de constituirse en empresas u otras personas jurídicas, en atención a lo indicado por el Art. 346 de la Ley 63-17.
En tal sentido el gran desafío de la presente administración se encuentra en dos líneas de acción; en primer lugar, consolidar un estado de derecho que permita a los operadores privados participar en igualdad de condiciones en el sistema integrado de transporte público indicado en la ley y en segundo lugar fortalecer la oferta estatal que permita ampliar el alcance estratégico de sus operaciones, para ayudar las familias dominicanas cuyo presupuesto mensual de transporte asciende a un 30% de sus ingresos.
Para este segundo ámbito el operador ideal que puede ampliar la cobertura, en el marco de una relación costo – beneficio y que pueda presentar resultados en el menor tiempo posible, es el operador estatal de servicios de autobuses, comúnmente conocido como “OMSA”. Este recurso sub-utilizado en el sistema de transporte de las principales ciudades podría convertirse en la punta de lanza para capturar la mayor cantidad de desplazamientos de la ciudad, reduciendo el uso del vehículo privado y con ellos disminuyendo los entaponamientos, controlando los niveles de contaminación, mejorando la seguridad vial y procurando que la población utilice el sistema de transporte colectivo como primera opción, antes que su vehículo privado.
Para estos fines se necesita incrementar las capacidades técnicas, financieras y operativas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), aumentando los doce corredores existentes en la zona metropolitana de Santo Domingo, con miras a incrementar una flotilla de autobuses que apenas moviliza unas 160 unidades en contraste con los 3,000 minibuses o microbuses y los 16,000 “conchos” que se desplazan en la misma zona (PMUS 2019).
Este fortalecimiento de la oferta implica que sus operaciones deben ser más eficientes garantizando tiempos de desplazamiento estrictos, mejorando el confort de toda su flotilla y garantizando exclusividad en los carriles de las avenidas troncales, lo cual sumado al precio del billete por persona hará de esta “este diamante en bruto” la mejor oferta para desplazarse con seguridad por la ciudad de Santo Domingo y otras ciudades del país.