El Estado dominicano tiene una larga, penosa y mediocre forma de constitución o estruturación, que aun prevalece, con la marca de los caudillos del reparto, del enriquecimiento sin causa, con una distribución a imagen y semejanza de la clase politica que nos ha gobernado, con sus caraterísticas particulares de concentración del poder, de ilegalidad, del clientelismo, el patrimonialismo y por la creacion de órganos, estructuras por coveniencias e intereses personales y partidarios, como es el caso Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, convertida hoy en el símbolo de la corrupción y el clientelismo.
Por eso, en la historia republicana evidenciamos que en cada período de gobierno, se crean más instituciones, órganos, la mayoría de las veces con funciones similares, superpuestas y compitiendo con otras ya existentes, esa duplicidad de la administración pública ha sido promovida y agudizada desde los gobiernos de Joaquin Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernádez y Danilo Medina, evidenciando que la cultura clientelar que origina esos entuertos están presente en todo el espectro político.
Dichas distorsiones de las instituciones públicas en el Estado dominicano, desde el punto de vista del gasto público, pensamos que sólo las duplicidades orgánicas que dependen de la Presidencia de la República, de seguro representan miles de millones de pesos y pese a esa realidad, nos está costando mucho poner control y revisar toda esa estrutura costosa, infuncional, inoperante e ineficaz, la cual, solo es vista por los politicos dominicanos como un botín de guerra, con fines electorales y para el enriquecimiento de sus acólitos, familiares, amigos y partidarios.
En ese sentido, el clamor popular para la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y tiene sentido, por ser una función del Ministerio de Obras Públicas, cobrando fuerza si analizamos la historia de fraude, hurto y robo desde dicha instancia, entonces podemos concluir, que la misma fue creada con el único fin de contar con una institución para enriquecer a la delincunencia política y para la acumulación de capitales para la permanencia en el poder y financiar las reelecciones presidenciales.
La historia de la distorsión y hurto, parte con el surgimiento mediante el Decreto No. 1261-86 de diciembre del 1986, de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, supuestamente con “el objetivo de coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el gobierno dominicano bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República, ante el proyecto de construcción del Faro a Colón y la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América”.
El desorden en la administración pública continúa su profundización, con la historia de la distorsión institucional en el sector de las construcciones de obras públicas en la República Dominicana, que se afianzó cuando el Presidente Joaquín Balaguer, en el año 1987 mediante el Decreto 590-87, crea la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, el cual establecía únicamente, en un solo artículo la designación como encargado al Ing. Bienvenido Martínez Brea y adscrito al Poder Ejecutivo.
Luego el Presidente Hipólito Mejía, continúa y profundiza las distorsiones cuando a través del Decreto No. 446-00 del 16 de agosto del año 2000, “dispuso que todas las responsabilidades y bienes asignados a la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, quedaran a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo.
Para continuar con las distorsiones y transferir más recursos económicos para la acumulación y el enriquecimiento ilícito desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el Presidente Danilo Medina, promulga el Decreto 625-12, donde crea el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) e integrado por las dependencias relacionadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y por la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
El Presidente Danilo Medina, mediante este Decreto No 625-12 decidió que todas las construcciones, rehabilitaciones de las edificaciones escolares a nivel nacional, según sean requeridas por el Minsterio de Educación, serían ejecutadas con la siguiente proporcionalidad, 60% de las edificaciones escolares serán ejecutadas por el MOPC y el 40 % de las edificaciones escolares seán ejecutadas por la OISOE.
El Presidente Danilo Medina con la promulgación de dicho Decreto, violentó, pasó por alto y atropelló su compromiso establecido en el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, realizando todo lo contrario de “AUSPICIAR la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción”.
La Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE), debió ser eliminada por el Presidente de la República, pero hace falta volutad, compromiso, entereza para aplicar la Ley Orgánica de la Administración Pública No 247-12 y su Reglamento de Aplicación, el cual establece los principios fundamentales, normas y criterios para la organización y el funcionamiento del Estado e incluso por Decreto el Presidente puede eliminar dicha instancia de la administración pública. ¿Qué impide la eliminación de la OISOE? ¿ Quiénes se benefician del desorden? ¿Por qué Danilo Medina, no avanza en la reestructuración del Estado? ¿ Cuántos recursos públicos se han perdido desde la OISOE? ¿ Es la OISOE una instancia para financiar la reelección?