La semana pasada, tratamos el tema de cómo el senador por Barahona presentó un Proyecto de Ley de Libertad Religiosa, que en el fondo procura silenciar a las iglesias en la eventualidad de que en nuestro país se impongan cambios constitucionales y legales que fomenten el desenfreno sexual y la eliminación de las barreras morales que históricamente hemos alzado como nación.
Esta semana, presentamos ejemplos de otras naciones en las que este tipo de leyes se han aprobado y han traído como consecuencia el afán por desnudar la plaza pública de los cristianos.
Canadá es un país donde encontramos una potente y creciente cultura de intolerancia y discriminación contra los cristianos. Estos ataques suelen escudarse tras las llamadas “comisiones de derechos humanos”.
Un ejemplo dramático fue protagonizado por el pastor Stephen Boissoin, quien envió una carta a su periódico local de la provincia de Alberta en 2002. En su misiva cuestionaba los nuevos contenidos favorables a los derechos gays que se estaban introduciendo en el plan de estudios de las escuelas de la provincia, en vista de los “peligros físicos, psicológicos y morales” que comporta la homosexualidad. El pastor fue denunciado a la Comisión de Derechos Humanos de Alberta por incitación al odio por un activista gay local; fue multado y silenciado por la Comisión en 2008.
En diciembre de 2009, el pastor logró que un tribunal se pronunciara a su favor, anulando la resolución. El juez Earl C. Wilson afirmó que las palabras usadas por Boissoin “no llegan al extremo de lo que se califica y prohíbe como odio o desprecio”. Esta fue una buena noticia para el pastor Boissoin. Pero como señala la Canadian Constitution Foundation, un grupo de defensa de la libertad de expresión, la ley que se aplicó contra Boissoin sigue vigente.
En Irlanda, recientemente un doctor católico que trata la infertilidad de las parejas fue denunciado ante la Comisión Supervisora del Colegio de Médicos de su país por mala praxis profesional. Se le acusó que, de acuerdo con sus creencias católicas, él sólo ofrecía tratamiento a las parejas casadas. Una pareja que cohabitaba denunció que había sufrido discriminación al no ser aceptada como paciente. Finalmente, el doctor no fue sancionado, pero sólo por un tecnicismo. En cualquier caso, puede ser objeto de denuncia en cualquier momento bajo una Ley de Igualdad que prohíbe la “discriminación” en función del estado civil.
En Suecia, tuvo lugar un caso especialmente notorio en 2005, cuando el pastor Ake Green se enfrentó a una pena de cárcel por haber predicado contra la homosexualidad. Green, de 63 años, fue el primer clérigo denunciado bajo las estrictas leyes suecas relativas a los delitos de odio. Sin embargo, él también fue finalmente absuelto; y para un país como Suecia, con su mentalidad tan colectivista, la sentencia del tribunal fue sorprendentemente liberal, en el sentido correcto de esa palabra.
Puede consolarnos en cierta medida el hecho de que en varios de los casos expuestos, la persona acusada resultase absuelta. Pero no nos consuela en absoluto constatar que se está haciendo cada vez más fácil denunciar a los cristianos por lo que vienen a ser delitos de pensamiento.
Esto suscita una discusión más amplia: concretamente, qué es un delito de pensamiento y por qué son objeto los cristianos de este tipo de persecución con creciente frecuencia. La respuesta a esta pregunta aparece si examinamos quién tiene derecho en nuestras sociedades a declararse víctima y quién no. Este deseo de atribuir el papel de víctima a unos grupos y no a otros surge de una corrección política que en realidad es marxismo cultural.
Sobre el marxismo cultural y cómo pretende impactar nuestro país hablaremos la próxima semana.