Sin desdeñar la posible responsabilidad de los inculpados en el caso Odebrecht, es obvio que hay en el proceso judicial un juego político perverso entre el presidente Danilo Medina y su subalterno el procurador Jean Alain Rodríguez. Dicho juego está dirigido, por un lado, a preservar incólume la figura del presidente, por otro, a completar la destrucción de la competencia a Medina al interior del PLD y, por último, eliminar la oposición mayoritaria del PRM. Esto en el más puro estilo maquiavélico marxista-leninista del cual los líderes del PLD hacen acopio: sin importar los medios ni los fines y caiga quien caiga.
En su intento por controlar el poder y prolongarse de manera "pulcra" e "intocable", imitando a Balaguer, el presidente Medina presiona para no ser juzgado por su implicación en los sobornos pagados por Odebrecht para su campaña y la construcción de Punta Catalina, pues ya el planteó que en sus gobiernos no ha habido ni hay corrupción y desafió a la sociedad a que demuestre lo contrario, siendo replicado por el presidente del Senado peledeísta Reynaldo Pared Pérez al afirmar que el congreso es un lodazal pero él no se enlodó.
Para llevar a cabo dicho objetivo está el procurador Rodríguez quien, en la premura de cumplir las órdenes del jefe, en un proceso en el que no se observa el más mínimo atisbo de pulcritud, inculpó originalmente a 15 personas y luego dijo que fue un error y que los imputados son 14, "ni uno más ni uno menos". Y, cuando la investigación periodística de Acento.com informó sobre el desfase entre las fechas de las documentaciones enviadas desde Brasil a petición de la propia procuraduría (2001-2004) y las que informó el procurador (2001-2014), el procurador Rodríguez primero indicó que se trató de una información malintencionada de Acento y luego tuvo la desfachatez de endilgar el error a la traductora, como si las fechas fueran traducibles.
Lo anterior denota la clara intención política del presidente y el procurador de excluir del juicio a Medina y sus acólitos, destruir al único contendiente de Medina en el PLD, Temístocles Montás, y eliminar al PRM imputando a su presidente Andrés Bautista.
Por último, queda claro que en este perverso juego político se han producido colusiones entre los líderes tradicionales Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para que el sistema judicial cartelizado no les toque ni con el pétalo de una rosa. De esta manera, el liderazgo del cartel se coloca por encima y más allá de sus propias organizaciones partidistas.
Como he planteado en ocasiones anteriores, hay dos elementos claves para destruir la cartelización de la política: la actuación agresiva de los medios de comunicación y un poder judicial independiente y activo (sobre todo a nivel de la Suprema Corte de Justicia). Pues, por demás y como también he analizado antes, el PLD como partido cartel se destruye a sí mismo, y una muestra más de ello es que en sus declaraciones Montás está involucrando a otras figuras de la hegemonía cupular del partido.
La agresividad de los medios y de las redes sociales es cada vez más visible, la independencia del sistema judicial es el gran desafío: el procurador Rodríguez es aliado de Medina y el juez de Instrucción comisionado para conocer el caso de Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, quien es un protegido de Leonel Fernández, otorgó la libertad provisional bajo fianza a los dirigentes del PLD, Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, acusados por el alegado desfalco al Estado en la ejecución del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).
Resta a la sociedad mantenerse atenta frente a los hechos y seguir exigiendo, como lo está haciendo a través de la Marcha Verde, el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual se hace urgente la designación de un procurador y un juez de instrucción independientes que lleven a cabo un juicio justo y veraz de todos y cada uno de los implicados, sin importar banderías políticas ni amarres cartelísticos.