No es posible, es de ingenuo pedir o exigir al partido cartel, que combata o enfrente la corrupción, esta es consustancial, es su esencia, va de la mano con sus fines, prácticas y acciones delictivas, para apropiarse del patrimonio público, perpetuarse en el poder sobre la base de la corrupción, con prácticas perversas, con operaciones dolosas e indecorosas como la estructura creada y evidenciada conocida como caso Odebrecht.
La cartelización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inicia con su proceso de asumir como ideología el enriquecimiento ilícito, la acumulación originaria y con la conversión de un partido de cuadro, a un partido de masas, para degenerar en un partido de clientes y de un grupo integrado por actores que busca servirse del partido para capturar el Estado y los bienes públicos.
La corrupción y la impunidad se convierten en la herramienta básica de operaciones ocultas y públicas del partido cartel, para poder mantenerse en el poder, buscan controlar y subordinar todo los poderes del Estado, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y gremios profesionales, concentrando todas las funciones públicas en una estrategia de concentración, que les permita mayores niveles de acumulación y reparto, funciona como una corporación partidaria y garantizan la operatividad de las redes de la corrupción y la impunidad como bien queda evidenciado en la estructura y operaciones delincuenciales en el caso Odebrecht.
Esos niveles de corrupción e impunidad en el caso Odebrecht se evidencian con los pocos avance para garantizar una investigación seria, profunda e íntegra, no tenemos confianza en ese Ministerio Público, atendiendo a su dependencia y vínculos con el partido cartel, sus prácticas de archivar expedientes, de no investigar, de no abrir ningún proceso, ha originado su descrédito y desconfianza en la sociedad, por lo complaciente, cómplice e inadecuada de las decisiones adoptadas, así como el pobre rol jugado en la lucha contra la corrupción lo anulan para llevar una investigación como la que anhelamos en el caso Odebrecht.
Como se puede apreciar la captura del Estado, la penetración de la delincuencia política, nos conducen a pensar en nuevas herramientas e instrumentos para combatir el fenómeno y reducir los niveles estructurales, sistémicos de la corrupción y la impunidad y estamos obligados a promover medidas para combatir la corrupción, con investigaciones que permitan el enjuiciamiento, el embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución de los bienes producto del delito.
Por cuanto, el bajo papel y pobre desempeño del Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución y sanción de la corrupción, es la muestra más clara de la captura del Estado por la delincuencia política, que entorpecen cualquier avance para desenmarañar las redes de la corrupción y el crimen que han penetrado todas las estructuras del Estado, dificultando la persecución del hurto de los fondos públicos, profundizando la impunidad, la complicidad y la solidaridad entre corruptos.
En ese sentido, luego de analizar el funcionamiento, competencia, misión, como las características de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y en Honduras, visto el contexto social, político e institucional que le dieron origen y las similitudes con el nuestro, vale la pena pensar en un órgano de esta naturaleza en el país, para garantizar la prevención y persecución de la corrupción, como de las estructuras y redes criminales.
La creación de una Comisión Nacional Contra la Impunidad, funcionaría como un órgano independiente, para apoyar, vigilar y supervisar al Ministerio Público, con énfasis en aquellos casos que están vinculadas a la persecución de las redes criminales y que se encuentran enquistada en los órganos del Estado como es el caso Odebrecht.
En ese sentido, para madurar la idea de la creación de una instancia de esa naturaleza en nuestro país, un ente de esa naturaleza, busca trabajar en un ambiente de cooperación, constituyéndose, en procesos judiciales como querellante, aportando recursos técnicos al Ministerio Público para investigar, procesar y enjuiciar con robustas acusaciones en los casos complejos de corrupción pública-privada como es el caso Odebrecht.
La experiencia de una instancia de esta naturaleza fue probada e indica claramente su operatividad, los resultados que se pueden obtener en el desmembramiento de las redes de la corrupción y crimen, esta instancia puede contribuir con importantes investigaciones, de casos de corrupción e identificando las estructuras criminales al interior de los órganos del Estado, promoviendo la persecución penal de los imputados.
La Comisión contra la Impunidad en la República Dominicana, puede priorizar para las investigaciones, la corrupción pública-privada, el financiamiento de los partidos políticos, la corrupción judicial y policial, la penetración del narcotráfico y el lavado en las estructuras del Estado y los contratos con empresas nacionales e internacionales como es el caso de Odebrecht.
En conclusión, me parece que en la República Dominicana, tenemos condiciones para pensar y reflexionar sobre esta posibilidad, está claro el rol que puede desempeñar una instancia de esta naturaleza para generar mayor movilización y conciencia de la ciudadanía, para lograr desnudar el funcionamiento de las redes de la corrupción, el crimen al interior del Estado y de los propios entes obligados a su persecución y de esa forma desterrar el partido cartel.