El filósofo Francés Maurice Blanchot resaltó: "Por eso es necesario que veles por el espacio vacío para preservarlo, así como es menester que yo vele para alterarlo…".
Esta declaración apegada directamente a la construcción del espacio literario, nos sirve para sustentar una dinámica interesante en la organización del espacio público en el cual la ciudadanía debe velar por el territorio de todos, así como los encargados gubernamentales deben alterar el mismo a través de intervenciones en favor de las necesidades del conglomerado que reside y utiliza dicho espacio.
Velar (cuidar) y alterar (intervenir) como acciones vinculadas a dos actores fundamentales en el territorio nos ayudan a formular una estrategia de preservación de los espacios públicos dentro de la ciudad.
Bajo la premisa de que el espacio público es un territorio para ser utilizado libremente, siempre apegados a las normas de convivencia y el respeto a las leyes; hoy en día observamos con frecuencia la apropiación indiscriminada de estos espacios a nivel nacional.
Calles y avenidas atestadas de vendedores informales, negocios ocupando los principales pasos peatonales, limosneros concentrados en las esquinas, unidades de transporte público apropiándose de las aceras, confusas ocupaciones de los publico por los privados y una importante disminución de pulmones naturales transformando su uso en perjuicio de los ciudadanos son algunos de los resultados de una pobre gestión para garantizar la correcta utilización de los espacios públicos.
Este escenario mengua las posibilidades de gobernabilidad, ante la apropiación ilegal de un territorio público para fines particulares. El peligro de la ineficiencia gubernamental no solo se evidenciará en aquellos que no respetan la ciudad sino que provoca rebeldía en la sociedad ante cualquier medida tendente a regular solo un segmento de los habitantes. Esto unido a la inseguridad, la contaminación, el descontrol, el caos y la peligrosidad convierte esta realidad en un problema de altas repercusiones para el tiempo que nos ha tocado vivir.
La ocupación ilegal del espacio público se desarrolla de forma silente y destructiva, por lo tanto los responsables de administrar la ciudad deben enfrentar esta situación garantizando el libre tránsito y la seguridad de los munícipes. Desarrollando un esquema de participación comunitaria, tal como lo plantea la Ley 176-07 en el que los proyectos propuestos por el gobierno municipal sean presentados a la sociedad civil, de manera que puedan ser refrendados por la mayoría y la comunidad se comprometa a preservar las intervenciones que se desarrollen en el territorio público urbano. De esta manera construimos una ciudad más habitable entre todos y para todos.