Los nuevos alcaldes de las dos principales ciudades de República Dominicana inician su gestión con sempiternas denuncias de arcas vacías, deudas de los cabildos recibidos y desastre administrativo en general. Uno de la Provincia de Santo Domingo por igual.
Vuelve a manifestarse el eterno retorno, la historia circular que en lo institucional opera como una maldición.
Esas declaraciones evocan a una persona que ya no está físicamente entre nosotros, el prolífico investigador Antonio – Tony – de Moya, sicólogo social que además había trabajado sobre sexualidad humana desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), epidemiólogo, promotor de las comunidades epistémicas en República Dominicana y el Caribe, pionero en la lucha contra el VIH SIDA y creador entre tantos aportes a la antropología y la cultura en general, del proyecto epistheme-tonydemoya.blogspot.com.
En el año 2008 recordábamos las conclusiones de un trabajo del propio Tony de Moya titulado: “Del Caciquismo a la Oclocracia”, que inicialmente había sido producido antes de las elecciones generales del año 1994: “En estos próximos cuatro años deberá decidirse si entraremos al próximo milenio como un pueblo dividido, indolente, poco instruido y muerto de hambre, o como un pueblo solidario, actualizado y saludable. Es lo que está en juego en estas elecciones. Sólo entonces podremos empezar a pensar cómo sustituir el concepto de democracia por el de oclocracia, es decir, el gobierno de las comunidades locales organizadas, sin el lastre de los partidos políticos caciquistas”.
Volvíamos a ese tema a propósito del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) que en ese año 2008 publicó el Informe “Desarrollo Humano, Una Cuestión de Poder”, documento que hacía referencia precisa sobre el desempeño de los gobiernos locales y las esperanzas cifradas en la Ley de Municipios No. 176 de julio del 2007.
El Informe PNUD 2008 dedicaba un importante capítulo al ámbito de la Reforma Municipal y los Ayuntamientos, y las expectativas creadas con esta nueva ley que contenía aplicación de controles, “mecanismos” de transparencia, gestión municipal acorde con temas transversales como género, salud, educación ciudadana, medio ambiente y otras ilusiones.
El Informe concluía sobre ese tema expresando: “La nueva Ley significa un extraordinario progreso y abre grandes oportunidades para los ayuntamientos, pero al mismo tiempo puede ser la fuente de una gran frustración si no se mejoran las capacidades materiales, humanas y financieras en los municipios, y si la partidocracia no se sustituye por un verdadero ejercicio de participación y empoderamiento de la sociedad”
Si hacemos un ejercicio de regresión a la segunda mitad de la década de los años 90, podemos recordar las expectativas de expansión de la sociedad hacia instancias del poder local. Hubo mucha ilusión con la idea de participación comunitaria en la toma de decisiones a fines de lograr mayor presencia de los municipios en la vida de los ciudadanos.
Términos y conceptos como: poder local, descentralización, consenso, incorporación de la sociedad civil, resultaban novedosos y a la vez nos hacían sentir que como sociedad habíamos llegado tarde a la organización del entramado social.
Hoy, dos décadas después, la denuncia de los alcaldes electos 2016-2020 y la situación de los cabildos nos conduce a una gran decepción sobre los avances institucionales del poder municipal, aún el Caciquismo pesa más que la Oclocracia.