Desarrollo e institucionalidad

Obediencia a la ley

Por Carlos Salcedo Camacho

En un país organizado y proclamado Estado Social y Democrático de Derecho todos, sin excepción, debemos cumplir las leyes siempre. En caso de no hacerlo deben operar los mecanismos de persecución y sanción.

Obviamente que no puede ignorarse que el derecho extremadamente injusto no es derecho (fórmula Radbruch). De ahí que toda norma cuya finalidad sea contraria a los principios y valores del estado de derecho y de la sociedad democrática, arbitraria u obsoleta debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

La lucha por el estado de derecho no es únicamente la del diseño normativo por parte de la autoridad competente, sino que debe sellarse con la legitimidad social y la operatividad efectiva de la norma. Y es que la ley es una fuente de cambio social que garantiza estabilidad, armonía, seguridad y desarrollo.

Pero, existe la ley porque todos estamos de acuerdo en su existencia. Por lo que los acuerdos sociales sobre las modificaciones legislativas tienen que basarse en algo más que simplemente los intereses individuales. Debemos estar dispuestos a aceptar leyes que pueden ser inconvenientes para ciertos sectores porque tienen un propósito mayor que beneficia al colectivo.

La democracia en general requiere un esfuerzo de la sociedad civil cohesionada para que estos principios de responsabilidad compartida Estado-sociedad tengan resonancia y efectos palpables en el desarrollo institucional y el mejoramiento del sistema legal.

Queremos ser más libres cada día. Sin embargo, la libertad viene con la responsabilidad de comportarnos de manera civilizada y respetando la ley. El respeto de aplicación de la ley es vital, pues nos hace formar parte del conjunto de naciones civilizadas. Seguimos leyes por ser la manera en que una sociedad puede funcionar y desarrollarse de manera pacífica, ordenada y sin fricción constante, ni violencia. De lo contrario la alternativa es la anarquía y en ese escenario no puede haber justicia ni paz social.

Romper con la ley y el orden significa generar un desastre para la colectividad y destruir el fundamento mismo de nuestra civilización. Nos toca a todos su acatamiento y fundamentalmente a quienes juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y tienen bajo la responsabilidad de actuar en contra de quienes la violan desde el poder o aliado a él.

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