La ley le otorga al Consejo Nacional del Ministerio Público la atribución de designar la mitad de los fiscales. Estos deben ser escogidos por concurso de oposición de la matrícula de los fiscales de carrera egresados de la escuela del ministerio público. Sin embargo resulta sospechoso que el procurador general de la República esté convocando a concurso para sustituir fiscales titulares ya en la postrimería del mandato de el presente gobierno.
En el ambiente jurídico y político se comenta con insistencia que esta acción tiene como objetivo final atar al ministerio público al PLD con el expreso propósito de que ante un posible cambio de gobierno que no responda a este partido se haga cuesta arriba perseguir los actos contrarios a la ley que se hayan cometido en el gobierno que casi termina.
Se trataría de una malicia que el país y las organizaciones que suelen vigilar la vida institucional no deberán permitir. Esta sociedad está altamente adolorida por los últimos acontecimientos que han lacerado la vida institucional de la nación. Hay una especie de luto en el ambiente. Luego de la suspensión de las elecciones, los genios y estrategas encargados de la persecución del delito se les ocurrió la desafortunada idea de investigar a dos ciudadanos cuyo único pecado fue enterarse de que se había maniobrado para trastornar el proceso electoral. Les atribuyeron expresiones y conductas ajenas y con esa estratagema terminaron, aquellos dos señores, en un injusto encarcelamiento que solo pudo ser revertido porque la nación se puso “en dos patas”.
Después de este gravísimo hecho surge este escarceo de parte del gobierno pretendiendo nombrar “sus fiscales”. Los autores de esta maquinación deben reflexionar. El país los está observando. La Historia suele ser, con frecuencia, un juez implacable.