Aunque Gardel decía que veinte años no es nada, la población que reside o ha sido expulsada de las provincias localizadas en la Zona Fronteriza sienten con pesar cada año de vida que les pasa sin soluciones definitivas al letargo histórico que ha acompañado el territorio que registra los indicadores más deprimidos de todo el país.
Siete provincias que concentran la menor cantidad de habitantes del país, con una población estimada de 497 mil habitantes concentrando solo el 4.8% del total (ONE) y una densidad por debajo de la media nacional (46.1 Habs./Km²) con un proceso de despoblamiento, registrando la mayor tasa de migración interprovincial neta (pérdida de 17 por cada 1,000 habitantes).
Una zona con el mayor porcentaje de pobreza de toda la República Dominicana, contenedora de cinco (5) de los siete (7) municipios más pobres del país, con un % de hogares pobres (ICV) superior al 80%, entre los que se destacan: Juan Santiago (93%), Hondo Valle (85%), Pedro Santana (83%), Cristóbal (83%) y Los Ríos (80%) (MEPyD 2014). Un territorio que registra seis (6) de cada diez (10) hogares con necesidades básicas insatisfechas y donde se encuentran las cuatro (4) provincias con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del país (Bahoruco, Elías Piña, Independencia y Pedernales).
Esta condición social en la que se encuentra la gente de este territorio olvidado es el resultado de una serie de condicionantes entre los que se destacan aspectos troncales como la baja cobertura de educación, la menor disponibilidad de personal médico del país (12 por cada 10,000 habitantes), lo cual deriva en ser una de las zonas con las más altas tasas de mortalidad materno-infantil de todo el país. Los servicios han brillado por su ausencia, todavía prevalece un 10% de hogares sin acceso a la electricidad, solo el 41% de los hogares recibe agua los siete días de la semana y la brecha digital se agrava en las localidades que se encuentran en estas provincias.
Para muestra este catálogo de indicadores que evidencia la necesidad de un nuevo contrato entre las fuerzas vivas y organizadas de toda la República Dominicana, un compromiso de los entes que están interesados en impulsar el desarrollo de una mejor nación y que a su vez nos permita materializar el supremo y permanente interés establecido en la Constitución para asegurar en la Zona Fronteriza los objetivos indicados en su Artículo 10.
Un contrato que renueve la esperanza de la población, a través de la construcción de una visión común que oriente un catálogo de obras públicas indispensables para solucionar las brechas estructurales que durante décadas han limitado el desarrollo de la Zona Fronteriza y que a su vez han impedido la expansión de las actividades productivas a nivel nacional.
Este nuevo contrato contribuirá a la construcción de un nuevo modelo para el desarrollo de la zona fronteriza con el fin de establecer el compromiso del Estado para garantizar las condiciones mínimas necesarias que preparen las bases para este nuevo desarrollo, la participación activa e innovadora de los entes productivos de toda la nación y el empoderamiento de las organizaciones localizadas en el territorio; todo esto con el fin de garantizar la sostenibilidad de este nuevo modelo que transformará el imaginario de toda una generación para que apropie la Zona Fronteriza como una parte importante del territorio dominicano en lugar de que la misma siga siendo vista como un espacio residual.