Nuevamente, y al igual que en todos los años anteriores, el país se escandaliza ante las exorbitantes ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a costa del retiro digno de más de 1.5 millones de trabajadores dominicanos que cotizan activamente.
De acuerdo al más reciente Boletín de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), durante el 2017 las AFP obtuvieron ganancias brutas por 5,824.2 millones de pesos, con gastos operativos ascendentes a 1,690.1 millones, para una utilidad neta de 4,134.1 millones.
Esto revela que el gasto de funcionamiento apenas representó el 29% de las utilidades brutas, y que la ganancia equivalió al 71% del total y demuestra el limitado servicio que ofrecen a los afiliados a la seguridad social.
En adición, las AFP pagaron 1,100 millones al Estado por impuesto sobre la renta, quedándose, en consecuencia, con una ganancia neta de 3,033.1 millones. Estas cifras arrojan una ganancia neta de 10.1 millones por día laborable, incluyendo los sábados.
El informe revela que de las seis AFP habilitadas, dos concentran el 85.7% de los beneficios: AFP popular, con 1,512.9 millones y AFP Scotia Crecer, con otros 1,085.6 millones. Las cuatro restantes sólo recibieron 434.6 millones.
Desde hace más de cinco años se han multiplica las quejas y denuncias sobre las ganancias excesivas de las AFP. Sólo el año pasado sus utilidades representaron el 38% del capital, mientras la rentabilidad de los fondos de pensiones apenas creció un 10%, sin que las autoridades hicieran nada al respecto.
El Estado también se beneficia de la distorsión
Es importante tomar conciencia de que mientras mayores sean las utilidades de estas administradoras, más lentamente crecerán los fondos de retiro, y menos serán las posibilidades de acumular lo suficiente para asegurar una pensión lo más cercana posible al último ingreso del trabajador activo.
Estos resultados, a todas luces desproporcionados e inadmisibles, se producen años tras años, a pesar de que todos los informes y estimados de los consultores y de organismos especializados, vaticinan una tasa de reemplazo bajísima para la inmensa mayoría de los afiliados. Tampoco estas advertencias mueven a las autoridades.
Esta baja tasa de reemplazo, estimada en una media entre el 26% y el 32%, significa que al retirarse los trabajadores dominicanos reducirán su nivel de ingreso a menos de una tercera parte, condenándolos a un estado de pobreza e indigencia, mientras una minoría disfruta de pensiones de hasta un millón de pesos.
Para que se aprecie mejor su impacto, por ejemplo, un trabajador que se retira con un salario de 20,000 pesos, terminaría recibiendo una pensión de sólo 6,000 pesos, y aquellos con 15,000, recibirían alrededor de 4,500 pesos, una pensión inferior a la mínima actual, lo cual es mucho decir.
Y toda esa situación en medio de los escándalos ante los elevados sueldos y las jugosas pensiones que se auto asignan los altos funcionarios de las instituciones autónomas y descentralizadas, las cuales fueron excluidas del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), para poder disfrutar de esos enormes privilegios.
En dos oportunidades la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley para reducir las comisiones de las AFP, y en cada una, esta iniciativa perimió en el Senado. Es muy probable que la falta de voluntad política provenga del hecho de que el Estado también se beneficia de esta inequidad al recibir por impuestos más de mil millones de pesos.