La pandemia irrumpió en marzo del 2020 y el 6 de abril, en un artículo que publicamos en “Hoy”, criticamos que el Gobierno de Donald Trump hubiese pedido que una reunión de urgencia de los ministros de Hacienda de los principales países del mundo, el G-7, convocada para enfrentar la mayor crisis financiera en cien años, tuviese lugar en uno de sus hoteles en la Florida y que, además, se agregase a Rusia, Corea del Sur, Australia y la India a ese grupo cuando hacía 47 años que este estaba conformado por siete países.
Esa reunión, por supuesto, no se dio y critiqué que en ella no se hubiese acordado una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGS) como había ocurrido cuando la crisis bancaria del 2007-2009, una crisis menor. Trump dijo que se oponía a los DEGS pues desde su creación en 1970 este “dinero gratis” (no se devuelve ni hay que pagar intereses) se había estado repartiendo en proporción a las cuotas en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que significa que les tocaría a la China, potencia con la cual Trump estaba muy peleado.
Ante la ausencia de DEGS sugerí que emitiéramos bonos soberanos, como en efecto lo hicieron tanto el Gobierno de Danilo Medina como el de Luis Abinader y casi todos los países emergentes del mundo.
El 5 de noviembre, en otro artículo en este periódico dije: “Es el momento ideal para volver a emitir DEGS. La pandemia es un problema mundial y requiere soluciones que beneficien a todos los países del mundo, la gran mayoría de los cuales son miembros del FMI”. Pero Trump aún estaba en el poder y lo único que hizo fue aprobar el diferimiento de los repagos de los préstamos de los países pobres con organismos bilaterales públicos, es decir USAID, los gobiernos chino, venezolano y europeos y tan solo las deudas de los países más pobres que en nuestro hemisferio se limitó a Bolivia y Haití. Cité como el G-7 actuó efectivamente cuando Nixon desvinculó el dólar del oro, cuando el Acuerdo del Smithsonian, durante la crisis latinoamericana de 1982-84 (los bonos Brady), cuando la quiebra del Continental Illinois y, sobre todo, en la crisis del 2007-2009.
En dos artículos del 3 y el 20 de enero del 2021 expliqué cómo Biden se proponía reunir al G-7 para, entre otras cosas, emitir nuevos Derechos de Giro. Luce que por fin se hará esa nueva emisión. Hasta ahora se han emitido US$200.4 billones durante unos cincuenta años, pues fueron creados en 1970. Ahora se propone emitir US$650 billones, es decir tres veces más.
Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Joe Biden y persona de mucha experiencia, en febrero, en la reunión del G-20, apoyó una nueva emisión de DEGS, a pesar de la oposición de algunos senadores republicanos porque eso, al repartirse en base a las cuotas existentes, ayudaría a Venezuela, China y Rusia. El 23 de marzo el directorio del FMI aprobó una emisión de US$650 billones y solicitó a sus técnicos que para junio tuviesen una fórmula bajo la cual países con una fuerte posición financiera se abstendrían de recibir DEGS para que sean reasignados a países vulnerables o de ingresos bajos. A nosotros nos tocaría un mínimo de US$260 millones, pero posiblemente más si se hace la transferencia de ricos a pobres y con ese dinero bien podríamos recomprar bonos soberanos pues nuestra deuda externa, debido y desde la pandemia, ha subido de un 40% a un 60% del PIB.
En la recién celebrada Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Andorra y donde se transfirió a República Dominicana la sede de la reunión del 2022, se decidió convocar a los ministros de Hacienda de América Latina para que el 24 de mayo en Santo Domingo discutan este tema de la asignación de los DEGS así como otros más, aunque el de los DEGS es el único que está por ahora en la agenda de los organismos internacionales. La República Dominicana, nuestro presidente y su equipo económico enfrentan un gran reto. Los ministros del hemisferio tendrán que luchar para la mayor asignación posible de DEGS para nuestros países.