El presidente Medina, en su ya célebre carta sobre el proyecto de ley de partidos políticos, y específicamente sobre las primarias, planteó la necesidad de alcanzar una “solución pactada”, lo que implica no que una parte ceda pura y simplemente, sino negociar concesiones de todas las partes involucradas, las que comienzan a surgir, pero sin tomar en cuenta al órgano electoral, que debería tener por lo menos voz en esa discusión, sobre todo si será ella la que organice las elecciones (primarias) más complejas jamás realizadas en la República Dominicana.
Francisco Domínguez Brito expresó que los partidos están de acuerdo en que las primarias sean simultáneas y organizadas por la JCE, y que se podría ceder en el punto en que hay desacuerdo para que cada partido escoja el padrón que desea (el de la JCE o el propio). Felicitó al presidente Medina, bajo el entendido de que éste habría cedido en este último punto. Habrá que esperar para confirmar si esta es la nueva posición del danilismo.
Otro elemento que se agrega a la fórmula con la que se pretende salvar el proyecto de ley de partidos políticos es que, además de lo señalado por Domínguez Brito, solo estén obligados a celebrar primarias los partidos que hayan obtenido más del 5% de los votos en las últimas elecciones presidenciales, lo que reduciría de 26 a 4 los partidos obligados (PLD, PRM, PRD, PRSC).
Como tirarle el toro muerto a otro es muy fácil que agarrarlos por los cuernos, nadie se ha detenido a pensar por un segundo en qué condiciones se encuentra la JCE para organizar unas primarias, ahora con la fórmula moderada que propone el Dr. Domínguez Brito.
La JCE es la misma institución, dirigida ahora por otras personas, que salió mal herida de las elecciones de 2016, con su crédito, económico e institucional, maltrecho. A sus nuevos miembros les toca rescatar la confianza de la ciudadanía en la JCE y eso, además de con el trabajo diario, se hace con los resultados de elecciones bien organizadas, para lo que habrá que esperar el 2020, porque las anteriores fueron un desastre.
El Dr. Eddy Olivares calificó las elecciones de 2016 como “bastante complejas”. En esas elecciones había 4,106 posiciones electivas en juego y, de acuerdo con los números del Dr. Olivares, hubo un total de 22,514 candidatos entre todos los partidos.
Veamos lo que serían las primarias de noviembre de 2019 (estamos a 18 meses de ellas) si se aprobaran con la fórmula que propone el Dr. Domínguez Brito. Utilicemos el mismo número de posiciones electivas: 4,106. Digamos que por cada posición aspire un promedio de 3 precandidatos, lo que llevaría la cifra de precandidatos a 12,318 por cada partido. Digamos que solo estarían obligados a ir a primarias organizadas por la JCE los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos en las últimas elecciones, que son 4, por lo que, lo que los 12,318 se convertirían en 49,272 precandidatos, que sería más del doble de las “bastante complejas” elecciones del 2016.
Ceder en que cada partido utilice el padrón que desea, sea el de la JCE o el propio, es un punto positivo en cuanto a dejar que la democracia “interna” impere, pero no ayuda, sino que hace más complejas las primarias, pues entonces la JCE podría verse abocada a utilizar diversos padrones en el mismo día.
Se pondrá de ejemplo las elecciones colombianas recién celebradas en primera vuelta, donde los votos se contaron sin ayuda tecnológica en pocas horas y se amaneció al otro día con los resultados electorales. Estuvieron habilitados para votar más de 36 millones de colombianos en cerca de cien mil colegios electorales (alrededor de 375 votantes en cada colegio), pero fueron solo presidenciales y el conteo manual no representó ningún problema. Si las dominicanas fueran solo presidenciales, tampoco habría problemas mayores en organizar primarias para elegir a los candidatos, pero son en los tres niveles.
Es una pena que la JCE se mantenga como un convidado de piedra cuando se discute la suerte de un proyecto de ley introducido por ella en virtud de su facultad constitucional de iniciativa en la formación de las leyes, que incluye el derecho de someter proyectos en materia electoral, y, obviamente, defenderlos, aunque la decisión soberana sobre los mismos corresponda al congreso. No se trata sólo de cuánto costarán pues más importante es evitar la pérdida de credibilidad que conllevaría un fracaso de la JCE a tres meses de las elecciones municipales y a seis de las congresuales y municipales.