La normativa legal de más reciente aprobación, relativa a la división regional del territorio nacional, es el Decreto 710 promulgado el 30 de julio del año 2004. Esta pieza legal modifica el Decreto 685-00 y establece una nueva regionalización para el país; además de las regiones y macro-regiones planteadas, el decreto del año 2004 identifica tres ejes geográficos Norte-Sur para la definición de grandes políticas de planificación estratégica de desarrollo territorial (Art. 1. Párrafo II). Los ejes definidos y sus respectivas provincias son: Eje Central (Puerto Plata, Espalliat, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sanchez Ramírez, Azua, San Jose de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional); Eje Occidental o Fronterizo (Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodriguez, Elías Piña, San Juan, Baoruco, Independencia, Barahona y Pedernales) y el Eje Oriental (Hermanas Mirabal, Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia).
Diez años después de la promulgación de este decreto, se evidencia la consolidación de la desigualdad territorial al contrastar las realidades presentes en los tres ejes definidos, como resultado de los procesos históricos de desarrollo, y de una enorme concentración del poder (Attali 2010). Una serie de indicadores revelan la situación de disparidad afianzada en los ejes señalados a través de los años.
En términos demográficos los registros indican que el 69.83% de la población total del país reside en el Eje Central, mientras que solo el 18.97% ocupa el Eje Oriental y apenas un 11.20% reside en el eje Occidental o Fronterizo, diferencias acentuadas a pesar de que los tres ejes poseen superficies similares (34.94%, 30.55% y 34.51% del territorio respectivamente). La concentración de la población en el Eje Central es resultado de un proceso histórico de consolidación de la inversión y de las oportunidades el cual no ha podido ser revertido a pesar de las estrategias sectoriales que han sido implementadas en el país.
Según los indicadores de pobreza monetaria, las provincias más pobres se encuentran localizadas en el Eje Occidental (Elías Piña 74.6%, Dajabón 64.8%, Independencia 58.1% y Pedernales 54.1%), mientras que las provincias con menor porcentaje de pobreza se encuentran ubicadas en el Eje Central (Distrito Nacional 15.7%, Santiago 23.3%) y en el Eje Oriental (La Altagracia 24.3%) (UAAES/MEPyD 2012). Estos datos coinciden con los registros del Índice de Calidad de Vida (ICV), situando las regiones del Eje Occidental o Fronterizo como las de menor índice (Región El Valle 57.6, Región Enriquillo 59.4 y Región Cibao Noroeste 61.8) y situando los mayores índices en el Eje Central (Región Ozama 84.0 y Región Cibao Norte 74.4) (SIUBEN 2013).
Un indicador importante que expresa la desigualdad territorial consolidada en los ejes geográficos examinados lo proporciona el Índice de Desarrollo Humano (IDH); el Eje occidental o Fronterizo continúa registrando los menores valores, con regiones entre 0.246 (Región Enriquillo) y 0.379 (Región Cibao Noroeste) correspondientes al IDH bajo y medio bajo (ODH/PNUD 2013). El resto del país se encuentra con el IDH medio, con excepción del Distrito Nacional el cual registra el único IDH alto del país (0.734) situando la capital de la nación como el centro de las inversiones, oportunidades y recursos del país.
El panorama descrito muestra una nación desbalanceada a nivel territorial, un país que a pesar de registrar un crecimiento económico sostenido durante los últimos años, no ha podido traducir este éxito en mejorar la calidad de vida de su gente.
De manera que ante la aprobación de una nueva visión país que establece la necesidad de “promover la equidad, la igualdad de oportunidades… y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada” (Ley 1-12. Art. 5), es primordial transformar el modelo de desarrollo actual que consolida un eje central, por un nuevo modelo que garantice la planificación y la gestión participativa del desarrollo en base a las potencialidades y debilidades de los territorios, articulado a la visión plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Ante la existencia de una nueva estrategia, el momento es oportuno para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que transforme la manera de planificar y gestionar las políticas públicas. “Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes” (Albert Einstein).