Cuando parecía que el CNSS se enrumbaba por fin a asumir la conducción estrategica del desarrollo del sistema de Seguridad Social que siempre debió ostentar, y  comenzó a emitir resoluciones que reivindicaban derechos de los beneficiarios, aun en contra de dictámenes de la SISALRIL claramente sesgados en favor de los beneficios de las ARS lucrativas, se  produce una nueva crisis que lo mantiene paralizado ya por varias semanas sin poder realizar reuniones ordinarias ni extraordinarias.

Siendo un órgano colegiado, no extraña que haya impases y dificultad de conseguir los consensos necesarios.  Pero las crisis  que  lo inmovilizan  se presentan cuando no hay acuerdo entre los tres sectores que, según la ley 87-01, tienen "derecho"  a veto, sin importar mucho las apreciaciones o aportes de los demás representativos.

La última crisis de envergadura se presentó cuando la representación patronal convirtió en asunto de honor la destitución del Dr, Defilló y la designación de un Superintendente de Salud y riesgos Laborales que contara con su aprobación. Utilizando el poder de veto, los representantes de los empleadores paralizaron el CNSS desde octubre 2005 hasta diciembre 2006. Periodo en el cual fueron postergadas todas las decisiones que habrían beneficiado derechos de los afiliados tanto en el Seguro Familiar de Salud, como en el de Pensiones y el de Riesgos Laborales.

Lo que  entonces no se veía tan claro fue que con esta paralización del CNSS, los empleadores tal vez sin saberlo y sin quererlo, le hicieron el juego a las ARS que entonces se oponían tenazmente al inicio del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Como "solución" a la crisis, se designó al actual Superintendente de la SISALRIL, se redujo las prestaciones del Plan básico de Salud (PBS) aprobado por el CNSS en octubre 2002, creando el llamado PDSS como transitorio por un año, y se elevó considerablemente el per cápita pagado a las ARS. Aun así, las ARS impidieron el inicio del régimen contributivo a partir de mayo 2006, como había sido cordado, hasta que el  Sr. Presidente asumió la responsabilidad de darle inicio en septiembre de ese año,  haciendo uso del articulo según el cual el  Estado es responsable en última instancia del buen funcionamiento del SDSS.

Disipada la nube de la paralización y transcurridos ya 5 años de entonces, es cada vez mas claro que el poder acumulado por las ARS ante la débil regulación de la SISALRIL, ha terminado por ser altamente perjudicial a los beneficiarios, pero también a los empleadores y en general a la ciudadanía. Lamentablemente, la provisionalidad del PDSS se ha extendido desproporcionadamente y sin razón valedera, afectando considerablemente a los afiliados y beneficiarios,  sin que la SISALRIL ni el CNSS hayan  decidido restablecer el PBS.

Ahora nos encontramos con una nueva crisis paralizante del CNSS. Esta vez quienes se niegan a participar en las sesiones son los representantes  sindicales. El alegato es la demanda de que parte de los recursos de la ARL sean asignados para inversión y gastos en la Prestadora de Servicios de Salud del IDSS (PSS Salud Segura). Además que una decisión de esta índole, según algunos especialistas, ameritaría una previa modificación de la Ley 87-91, la cual define explícitamente el destino de los recursos aportados a la ARL, quienes mantiene paralizado al CNS por varias semanas, parecen no percibir que hacen el juego a quienes aprobaron en ilegalmente  el CNSS la repartición de RD$ 10,000 millones, la mayor parte de ellos como reembolso a los empleadores, en segundo lugar al Gobierno nacional y en una muy pequeña proporción (premio de consolación o caramelo envenenado) para las principales Centrales Sindicales.

Mientras el CNSS no sesione formalmente, está pendiente a aplicación de la Resolución según la cual los recursos de la ARL no pueden ser dilapidados en la forma antes descrita sino asignados a mejorar las prestaciones y la protección de los trabajadores. Esta Resolución acogió en realidad  lo que estaba a punto de ser una decisión judicial revocatoria, cuando se otorgó un recurso de amparo a quienes se opusieron a dicha decisión. La paralización favorece a quienes se niegan a reintegrar tales recursos.

También, con esta actitud, tal vez sin saberlo o sin quererlo, se hace el juego a quienes se han negado a adecuar al IDSS al nuevo marco legal, con diversos argumentos públicos,que muchos han interpretado como la defensa de privilegios más que preocupación por la salud de sus afiliados. El retraso en reestructurar el IDSS solo ha favorecido a las ARS lucrativas que han sido muy efectivas en ordeñar su cartera de afiliados, diezmándola hasta menos de la mitad original, quedándose con aquellos con mejor capacidad de pago y menores riesgos de enfermedad.