Los puertos, en el orden comercial de cualquier país, constituyen espacios de grandes operaciones comerciales en el sentido más amplio y que se desarrollan en cualquier actividad ejecutada por el hombre. A través de ellos se realizan los intercambios comerciales, importaciones- exportaciones, comercio internacional, que se requieren para el desarrollo de múltiples actividades comerciales, industriales e institucionales de cada país.
En nuestro país, las actividades portuarias están reguladas por la Autoridad Portuaria Dominicana,
Organismo creado por la ley 70-70 y de acuerdo con la propia ley, esta institución debe controlar y fiscalizar la explotación, operación y mantenimiento de los puertos marítimos de carácter privado, construidos o explotados por particulares en uso de concesiones o arrendamientos otorgados por el Estado.
En el país contamos con 14 puertos comerciales, de los cuales once pertenecen al Estado dominicano, tres de ellos actualmente concesionados y tres privados, también concesionados.
Debe indicarse que, de estos catorce puertos, en tan solo dos de ellos, Caucedo y Haina Oriental, se mueve mas del 56% de la carga de importación y exportación que realiza todo el país.
El puerto Multimodal Caucedo, es privado y está concesionado a la Terminal Marítima DP Word y el Haina Oriental, pertenece al Estado dominicano y está concesionado a la empresa HIT (Haina International Terminals); ambos concesionarios operan y administran estos puertos.
Ahora bien, es responsabilidad de acuerdo a la ley, de la Autoridad Portuaria Dominicana, regular y fiscalizar el Sistema Portuario Nacional, lo cual realiza tímidamente en los puertos pertenecientes al Estado Dominicano y es prácticamente inexistente en los puertos privados y/o concesionados, por lo menos en cuanto a su régimen tarifario y fiscalización.
Por otro lado, se agrega a los administradores y concesionarios de los puertos, un actor de gran principalía que son las aduanas, que le corresponde el control para la fiscalización, reconocimiento, verificación, aforo y procedimientos legales y reglamentarios para la determinación y recaudación cabal de los derechos e impuestos fiscales y para la prevención del contrabando, fraude o cualquier otro acto tendiente a eludir total o parcialmente el pago de los impuestos fiscales.
Los procesos que debe llevar a cabo el importador para poder retirar su mercancía, están llenos de vicisitudes y matizados principalmente por el pago de tarifas muy elevadas, rigurosas y en ocasiones abusivas y tramites altamente burocráticos que se hacen mas largos en función de factores que no obedecen necesariamente a las normas y procedimientos establecidos en las oficinas aduanales de cada puerto.
Hacemos una parada en el aspecto relacionado a los trámites aduanales, ya que en la medida en que estos se hacen mas largos, en esa misma medida se van incrementando los costos de almacenamiento y demoras en el puerto.
La realidad es que estos aspectos determinan que al final del proceso que requiera el clareo aduanal de los bienes importados, se pierda la competitividad, se disminuya la calidad del servicio y es el consumidor final quien tiene que pagar por los aumentos en los costos que se produjeron en estos trámites.
Se señalan, entre otros los problemas que se presentan con mayor frecuencia:
Falta de turno para verificación presenciar.
La falta de sistema que impide el procesamiento de los expedientes
Los errores cometidos por los funcionarios aduanales.
La falta de chasis en los puertos para el despacho de los contenedores.
La verificación presenciar, es un proceso, que valdría la pena analizar, tomando en cuenta las inversiones que se han realizado en equipos de rayo X, que se supone deben servir para agilizar estos procesos, sin embargo, los procesos presenciales le ganan la batalla a los visuales y constituyen otro factor que encarece el proceso aduanal.
Los errores que cometen los funcionarios aduanales, son manejados de la manera mas irracional que usted se pueda imaginar, al extremo de que el cliente debe solicitar por escrito que se corrijan estos errores, sin saber ni siquiera el origen y la causa de los mismos. Se convierten en otro factor que genera aumento en los costos portuarios y en demoras que van en detrimento del importador.
Esperamos que muchos de estos problemas puedan ser analizados pensando que se debe recordar que el sector privado es socio del estado y así ambos saldrán beneficiados.