Estado y transparencia

Nuestras protestas, ni autorizadas, ni reprimidas

Por Carlos E. Pimentel Florenzán

Protestar no es un delito, es un derecho y un deber de la ciudadanía.

El Presidente Danilo Medina Sánchez, aparentemente instruyó a su Ministro de Interior y Policía, para violar derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas que convocan a las protestas pacíficas, denominada Cadena Humana Contra la Corrupción e Impunidad, frente al símbolo de la corrupción denominada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) 

El Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, negó de acuerdo a su autoritarismo y métodos violatorios de derechos, un supuesto permiso, que nadie le pidió, porque eso no es necesario en una democracia y mucho menos para realizar una manifestación contra la corrupción originada en el seno del propio gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

Una manifestación contra la corrupción, no necesita ser autorizada, ni reprimida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 20, garantiza que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica, en ese sentido, también la Constitución dominicana asegura que “Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos, pacíficosy de conformidad con la ley” y debe ser función del Estado, de nuestros servidores público garantizar la protección efectiva de los derechos de todas las persona respetando su dignidad.

En ese sentido, todos los funcionarios/as y órganos que ejercen potestades públicas, como es el caso del Ministro de Interior y Policía, deben estar sujeto a la Constitución, de lo contrario sus  disposiciones violatorias de derechos son nulas, por cuanto, no estamos en la obligación de cumplirlas o respetarlas, porque ningún acto o resolución que transgreda nuestra Constitucion tiene valor o fuerza por sí mismo y estamos en el deber de desobedecer las arbitrariedades.

La protesta contra la corrupción, la impunidad, las injusticias y en demandas de derechos, tienen su fundamento en el ejercicio de la soberanía popular que reside en el pueblo, quienes pueden ejercerla de forma directa, entre ellas, solicitar medidas de interés público, como la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) o denunciando las faltas, robos, crímenes cometidos por nuestros funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. 

Las manifestaciones públicas son el ejercicio más pleno de la libertad de expresión y la libertad de reunión, las cadenas humanas contra la corrupción y la impunidad, es convierte en el ejercicio del derecho de la ciudadanía de indignarse y revelarse contra la desigualdad, el fraude y el hurto de los fondos públicos y están apegadas también al deber constitucional de “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

Por cuanto, es inaceptable, violatorio prohibir las manifestaciones contra la corrupción, reprimiendo, vejando, humillando a los ciudadanos/as que participan en ellas y precisamente por la institución que está llamada a preservar la seguridad ciudadana y la integridad de las personas, nadie puede usar la violencia, ni someter a las personas a prácticas que impliquen la pérdida o la disminución de su salud o de su integridad física, por ninguna razón u mucho menos por alzar su voz contra el fraude y el robo, organizado desde las estructuras del Estado dominicano.

Las manifestaciones pacíficas contra la corrupción, ponen a prueba el grado de respeto, tolerancia y pone al descubierto la responsabilidad del gobierno de Danilo Medina, con la garantía efectiva de los derechos humanos y del sometimiento a principios democráticos, para evitar y prevenir el uso abusivo, violento del poder público con la ciudadanía que se manifiesta dignamente contra el robo de los recursos públicos. 

Las cadenas humanas contra la corrupción y la impunidad, frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), frente al Palacio Nacional u en otro lugar que se deben realizar, bajo ningún concepto son un atentado a la seguridad nacional, más bien, las mismas son un ejercicio de acción cívica y responsable, para expresar de forma pública y abierta nuestra inconformidad con las ausente políticas anticorrupción del gobierno dominicano, porque la desidia, la complicidades con el crimen enquistado en las estructura del Estado, violentan derechos básicos fundamentales de nuestra población.

“La manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la disidencia. La disidencia es “…la posibilidad de decir “No” a situaciones en la que prevalecen la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad”. En ese sentido, el gobierno de Danilo Medina, no puede restringir el derecho a las protestas en la República Dominicana, las mismas son la expresión de la voluntad del soberano, las cadenas humanas cumplirán su función democrática, permitirán la defensa y reivindicación de derechos. Las cadenas humanas contra la corrupción y la impunidad, deben continuar, multiplicarse en todo el territorio nacional, seguiremos en las calles y esperamos que los dominicanos que viven en el extranjero, también organicen sus eslabones de la dignidad alrededor de todas las embajadas dominicanas en el exterior.

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