Hemos hecho una breve descripción y un somero análisis de las principales leyes de incentivo a la actividad económica del país, de manera particular, las relacionadas con la industria manufacturera.
No menos importante es nuestro sector agropecuario, por lo que parecería conveniente, ponderar las leyes que incentivan las actividades agropecuarias.
Tenemos la ley 532 del año 1969, modificada por la Ley 346 del 29 de mayo de 1972 que tiene por objetivo promover el desarrollo del sector agrícola y ganadero mediante el estímulo para el logro de las siguientes finalidades:
a) Aumento de las inversiones de capital privado en el sector;
b) Mejor manejo y aplicación de las fincas agrícolas y ganaderas;
c) Optima utilización de la tierra, del agua, del capital y de la mano de obra
campesina en la producción agropecuaria; y
d) Adecuada organización social de la producción del sector.
Esta ley establece que la diversificación de la producción agrícola y ganadera se podría lograr con el aumento de la productividad, el consumo y la zonificación de crianzas y cultivos y además proyecta el establecimiento de industrias, almacenes y frigoríficos, en las áreas rurales para la conservación, beneficio y transformación de los productos agrícolas y ganaderos.
La transformación de los productos principalmente agrícolas, entendemos que ha sido un factor que no se ha atendido de manera adecuada y ha contribuido a que no se hayan podido procesar cada vez mas las materias primas del campo y convertirlas en productos finales para el mercado local y para la exportación, lo que Indudablemente mejora de manera significativa la rentabilidad del campo y su aporte al PIB del país.
Esto se puede apreciar si se analiza el aporte medido como el valor agregado del sector agropecuario al PIB, que de acuerdo con el boletín “Dominicana en Cifras-2020”, ha sido el siguiente en el periodo 2015-2019:
Año Aporte del Sector agropecuario al PIB
(% del total)
2015 5.6
2016 5.8
2017 5.7
2018 5.1
2019 5.2
Como se observa, el aporte del sector agropecuario al PIB, en efecto se ha venido reduciendo en el periodo analizado, disminución que se ha amortiguado con el crecimiento del sector servicio, el cual no es el mas saludable para la economía de cualquier país.
Esta situación también contrasta con lo que pudiese aportar este sector a nuestra economía, si se tiene en cuenta que la Republica Dominicana posee grandes fortalezas para el desarrollo de la agropecuaria. Otros países de Latinoamérica, con menos recursos naturales que el nuestro, aportan al PIB mucho mas que el nuestro, por señalar algunos, El Salvador 11%, Honduras 14%, Guatemala 11%, Nicaragua 19%. El promedio en Latinoamérica es de un 8.5%.
No se podría decir que la ley 532, no es una buena ley, por el contrario, entendemos que, aunque tenga mas de 50 años de promulgada, podría decirse que se anticipó a su época. De hecho, esta ley contempló incentivos y exenciones que en su época contribuían a la promoción de la inversión en tan riesgoso sector, como son:
Tasa única de un 5% sobre la importación de las maquinarias, equipos e insumos (abonos, insecticidas, abonos, aditivos, entre otros), requeridos para la explotación de las actividades agropecuarias.
Exención del pago del impuesto sobre la renta sobre las reinversiones de utilidades que se realicen en el sector agropecuario.
Posteriormente mediante la ley 150-97, se estableció una tasa arancelaria de cero por ciento y la exención del pago del ITBIS para los insumos, equipos y maquinarias que intervienen en la producción agropecuaria.
Si el sector agropecuario del país no se ha desarrollado al ritmo que debía hacerlo, habría que buscar otras razones, dentro de las cuales podríamos señalar: la falta de un adecuado financiamiento con condiciones blandas de intereses y plazos de amortización, el poco apoyo de los gobiernos de turno en cuanto a investigación tecnológica y la construcción de infraestructuras, tales como, pozos tubulares, diques de bombeo, canalización de aguas, caminos vecinales, entre otros, necesarios para el desarrollo del sector.
Por otro lado, la ley 409 del año 1982, sobre fomento, incentivo y protección agroindustrial, planteaba acciones importantes como darles la oportunidad a los productores agropecuarios de transformarse en productores industriales con el aporte en naturaleza de sus predios y consecuentemente mejorar sus niveles de rentabilidad.
Lamentablemente, esta ley ha quedado en el limbo y la industrialización del sector agropecuario no ha podido crecer de manera sostenida y hoy día, las exportaciones del agro dominicano son mayormente materias primas con muy poco o sin ningún procesamiento.