Desde el año 2017 he estado ligado al tema del transporte y su seguridad. La semana pasada agradecí públicamente al señor presidente de la República por la conclusión de la carretera turística Puerto Plata Santiago y mencioné sobre un accidente de tránsito que costó la vida a cinco personas, incluida un menor.
En conversaciones sobre dicho comentario, muchos quisieron ponerle la responsabilidad a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la Policía Nacional. Esto es algo que encuentro irresponsable y desproporcionado. La DIGESETT, a penas cuanta con unos 3,500 miembros para supervisar el cumplimiento de nuestras normas de tránsito (conforme a Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones MOPC) en 1,395 kilómetros de carreteras troncales, 2,412 kilómetros de carreteras secundarias, 1,620 kilómetros de carreteras terciarias, 60,000 kilómetros de caminos vecinales, sin contar con todas y cada una de nuestras aglomeraciones urbanas.
Los accidentes de tránsito, fatales o no, son una merma considerable de recursos a nuestra economía, su costo en pérdida de vida, atenciones médicas, ausentismo laboral, etc. es cuantiosa, y la Organización Panamericana de la Salud nos ubica entre los países con más alta tasa de accidentes en el continente.
¿A quién responsabilizamos de este tema? Cada unos de los conductores y de los transeúntes somos responsables y tal vez nuestras autoridades, históricamente, no han realizado un enfoque adecuado de la situación. Desde la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, este ha manifestado su interés en el tema y volcado recursos al mismo. En los países desarrollados, incluidos Estados Unidos, estudios se realizan continuamente buscando encontrar una variable que contribuya de forma permanente a la reducción de los accidentes en sus demarcaciones locales. Estos estudios muestran la relación entre presupuesto asignado, oficiales asignados, tiempo de vigilancia, distancias de carreteras y los accidentes sufridos, fatales o no.
En nuestro país esos análisis si se han realizado no se han hecho público, las estadísticas se encuentran repartidas en reportes de la DIGESETT, el Ministerio de Salud Pública, la misma OPS y el INTRANT. Entre los cambios que produjo la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue la sustitución de la Autoridad Metropolitana de Transporte, por la DIGESET. Nos preguntamos si no es el momento de que los ayuntamientos asuman su responsabilidad con el tránsito urbano y sus policías municipales sean los encargados de esto, si la cantidad de miembros de la DIGESET es suficiente para el volumen de carreteras o el área a supervisar. ¿Cuenta la DIGESET y el INTRANT con los recursos legales y tecnológicos para enfrentar el problema? Como mencionamos en el artículo de la semana pasada, la carretera turística Puerto Plata Santiago se ha convertido en una pista de carreras para desaprensivos y no cuenta con una sola patrulla de DIGESET y no es la única carretera en esta circunstancia. ¿Cómo buscamos soluciones?