Si la democracia es definida como" una doctrina política a favor del sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes", entonces lo que tenemos es nuestro país se le puede llamar de cualquier forma, menos democracia.Mientras tenemos instituciones – como la JCE – llamadas a normar y reglamentar el proceso electoral, nos encontramos que la politización de las mismas socaban su legitimidad. Y aunque estoy convencido que no existió fraude electoral (me acojo a los datos arrojados por Participación Ciudadana y a los observadores de la OEA), sería iluso de mi parte no reconocer la cantidad mayúscula de irregularidades que el oficialismo prohijó durante la campaña electoral.

El uso de los recursos del Estado, por ejemplo, fue un elemento determinante durante la campaña. Por ser gobierno, el PLD tuvo todas las de ganar en este renglón, pero esto no significa que la oposición no utilizara las dependencias que administra para fines proselitistas. En otras palabras, todo aquel que pudo meter su mano en "el cochinito" lo hizo, independientemente de ser gobierno u oposición.

Y qué me dicen de la compra de cédulas, tema que es una estampa en nuestros procesos electorales; ambos partidos mayoritarios utilizaron sus "proxies" para realizar el trabajo sucio. Finalmente llevó las de ganar quien contaba con más recursos, o sea, el gobierno, pero esta realidad tampoco invalida lo reprehensible de esas mismas acciones por parte de la oposición.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la actitud de la JCE le puso la tapa al pomo. En vez de juez imparcial, la Junta – con todo y culata – parecía "cantarle todos los fouls" a un solo bando. Y no me mal interpreten, apoyo totalmente las medidas que tomó la Junta como resultado de violaciones a la Ley Electoral por parte de la oposición. Ahora bien, lo inaudito es que no se haya hecho lo propio con el oficialismo, porque ellos también – de varias maneras  – violaron la Ley Electoral. No se puede ser árbitro y esperar legitimidad si se actúa con parcialidad. De eso y más pecó la Junta.

Pero no le tiremos el saco de excremento sólo a la JCE, pues la composición de esa institución fue el resultado de negociaciones de aposento entre "los dueños" de este país: los altos dirigentes políticos de los partidos mayoritarios. Ellos y la Junta prohijaron este tollo, ya que se repartieron jueces como si fueran limoncillos. ¿Cómo esperar imparcialidad cuando la formación misma de esa Junta estuvo viciada?

A pesar de todo, veo con buenos ojos la posición adoptada por la oposición y de algunos en el oficialismo en cuanto a lo sucedido en la contienda electoral. El llamado a la promulgación de la Ley de Partidos, junto a una revisión de la Ley Electoral, aparenta tener – finalmente – impulso y apoyo bipartidista. He ahí por donde debemos empezar, estableciendo criterios y reglamentos concretos que regulen los procesos electorales en nuestro país. Sólo así tendremos las bases legales holísticas para abarcar la gran mayoría de elementos que deben ser regulados durante las campañas: desde un régimen regulatorio del financiamiento de los partidos hasta el uso de los recursos del Estado en todos sus estamentos.

Empero, en honor a la verdad, la promulgación de la Ley de Partidos representa el 50% de la batalla. La otra mitad yace en el organismo regulador – la JCE – llamado a garantizar la ejecución y el apego de todos los actores políticos dominicanos a dicha ley. Sin temor a equivocarme, de la Junta actuar como lo hizo en las pasadas elecciones  – corrigiendo a "rajatabla" a uno y haciéndose "el loco" con el otro – ni la Ley de Partidos nos salvará de otro tollo.

La Junta debe adoptar una postura proactiva, midiendo a TODOS los partidos con la misma vara y de manera imparcial. De otro modo y, sin mencionar nombres, el mal olor en sus pasillos no sería solamente por una bomba fecal, sino por la podredumbre que libremente deambularía alrededor de esa institución.

Las pruebas lo demuestran: con una Junta parcializada y altamente cuestionada, misma que fue estructurada según los lineamientos de los dos partidos mayoritarios por debajo de la mesa, la institucionalidad democrática en nuestro país no es una realidad. Obviamente, bajo las premisas actuales, no es el soberano quien elige. Aún no pasamos de ser una seudo-democracia.