La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informa en su portal sobre la colocación la semana pasada de bonos soberanos, presenta datos sobre el cierre del programa de subastas de bonos domésticos para el 2019 y de la primera subasta del 2020. Los datos por acreedores y servicio de la deuda están a noviembre del 2019. Se trabaja en el reporte trimestral de deuda que por ley se debe remitir al Congreso y trae información sobre la evolución de los indicadores de riesgos. Al inicio del año también la entidad presenta el ranking para el año anterior de las entidades que participaron en las subastas de bonos y en el mercado secundario, en base a la metodología disponible en su portal web.
Con las emisiones de bonos domésticos y soberanos, la DGCP inicia el cumplimiento de la responsabilidad constitucional del Artículo 233 de conseguir los fondos para cubrir el déficit contemplado en los presupuestos anuales que aprueba el Congreso. Ese Plan de Financiamiento se establece que debe lograrse en “un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado.”
Es decir, en teoría los congresistas revisaron para la discusión del presupuesto de este año el modelo de sostenibildad de deuda consensuado por la Comisión de Deuda Pública, entidad que informa al inicio de la etapa de formulación el rango en que estima se puede obtener nuevo financiamiento. Noten que en la dinámica del presupuesto el financiamiento no es lo último que se contempla; no es el monto que se le dice a Hacienda que salga a buscar luego de cotejar estimaciones de ingresos con aspiraciones de gastos. En realidad, la formulación se hace tomando en cuenta lo que es posible tomar prestado para acomodar el déficit que los modelos estiman es sostenible.
En esa comisión participan el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía y el Gobernador del Banco Central. En cada una de las instituciones que presiden, ellos cuentan con técnicos especializados en el diseño de esos modelos que llegan a un consenso sobre las necesidades brutas de financiamiento. Si no hay asteriscos con llamadas al pie del proyecto de presupuesto que informen controversias o un anexo de las reuniones de la comisión donde se establezcan observaciones a los montos recomendados de financiamiento, la lectura es que están alineados en que el monto a buscar es sostenible con la capacidad del gobierno de lograr el aporte compulsivo de la ciudadanía para pagar la deuda.
La reciente emisión de bonos externos fue en un título a 10 años al 4.5% de US$1,000 millones y uno a 40 años al 5.875% por US$1,500. El plazo de vencimiento del primer título supera la expectativa de dos períodos consecutivos a los que puede aspirar el próximo presidente de la República; el del segundo, será reclamado en el 2060 cuando ya reposen o estén cerca de la morada eterna. De manera que se quedaron esperando la recta quienes creían que las emisiones se harían a corto plazo para fuñir al candidato puntero en las encuestas.
Me imagino que también sorprendidos de que decidiera añadir a la curva de rendimiento el plazo de 40 años, pero tal vez a esto imputan ánimo de dañar porque a mayor plazo mayor tasa de interés. Eso no es de dudar porque el destino de la deuda es ser tratada como la amante o “segunda base” de un matrimonio trial con rango constitucional por políticos y ecopolíticos que no explican claro como es que la van a sacar del ménage à trois.
Al cierre del 2019, los bonos soberanos en circulación ascendían a US$16,515 millones, de los cuales US$14,800 millones fueron emitidos en dólares y están a una tasa promedio ponderada de 6.6566% . Este último valor se eleva ahora a US$17,300 millones con las dos nuevas emisiones con una tasa promedio ponderada menor, 6.392%. En la imagen, la tabla grande tiene las características de los veintiun bonos donde se presenta el código para identificarlos, la fecha de emisión o canje y la fecha de vencimiento más los montos reembolsados y en circulación.
En las tablas pequeñas a la derecha se ha dividido en la primera el vencimiento de estos bonos soberanos para cinco períodos de ocho años, para ver lo que le correspondería a mandatarios que ganen dos elecciones consecutivas a partir del 2020. Se observa que la mitad del balance de la deuda en bonos vencerá del 2020 al 2028. Es decir, si el presidente que resulta electo en mayo aspira y gana un segundo mandato, tendrá que hacer pagos de capital por US$8,800 millones. Deberá ejecutar presupuestos que logren ahorro fiscal para cubrir esas amortizaciones, emitir nuevos títulos que compensen el pago de capital, aumentar impuestos por esa misma cantidad o una combinación de las tres medidas.
En los próximos 16 años los vencimientos son menores (US$2,500 millones) y en el período 2045-2052, donde no tenemos ni idea de quien ocupará “la primera magistratura”, hay que redimir US$4,500 millones. En el último tramo queda solito el de 40 años por US$1,500 emitido el pasado 23 de enero.
En el caso de los bonos soberanos en pesos, en los próximos ocho años es que se deberán pagar RD$90,523 millones convertidos a dólares a la tasa de cambio vigente a vencimiento a los inversionistas que decidieron asumir el riesgo cambiario de la deuda soberana dominicana. Los datos de estos bonos en el pequeño recuadro con bordes rojos. Seguimos mañana con los bonos domésticos.