Opinión

Novedades en la regulación bancaria

Por Michel Camacho Gómez

A pesar de que el sector bancario dominicano muestra signos de robustez es necesario que su regulación sea discutida, revisada y, de ser necesario, modificada estructuralmente. La justificación yace en que los fundamentos de la regulación financiera han atravesado una transformación kuhniana, al decir de algunos.

Según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) el índice de solvencia del sector bancario dominicano es uno de los más altos de América Latina con un 15.08%, siendo el mínimo 10%. Solo es superado por El Salvador (16.86%), Brasil (15.49%) y México (15.34%).

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos, al 29 de febrero del presente año, el coeficiente de solvencia del sistema financiero consolidado, el cual incluye bancos múltiples, de ahorro y crédito y las asociaciones y corporaciones de crédito, ascendía a un 16.54%. Para la calificadora de riesgo Feller Rate, este respaldo patrimonial de la actividad bancaria se debe a adecuadas políticas de retención de utilidades, aumentos de capital y a un prudente apetito de riesgo.

Aun cuando el sistema bancario dominicano y el de la región muestran signos de solidez, es creciente el ánimo de revisar la regulación. Importantes interlocutores del sector han externado la necesidad de adecuarse a los nuevos parámetros de regulación bancaria provenientes de los Acuerdos de Basilea, que ya va por su tercera entrega (Basilea III).

Tanto Felaban como la Asociación de Supervisores Bancarios, afirman estar trabajando para revisar la regulación sobre la liquidez de los bancos y para evaluar cuán fuerte y suficiente es su capital. Ya de hecho países como Brasil, Argentina, Perú y otros han implementado importantes cambios regulatorios siguiendo los lineamientos de Basilea III. Y a nivel local, la Asociación de Bancos Comerciales, se ha hecho eco de estos eventos, a modo de avisar el debate que se aproxima.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué es necesario modificar la regulación si el sector se encuentra sólido y si además aumentar la regulación puede tener efectos no deseados, ya que en ocasiones es una carga onerosa para los participantes del mercado que podría interferir con su eficaz desenvolvimiento. El punto de la cuestión está en responder si los riesgos generados por la intermediación financiera, que pueden transmitirse de una entidad a otras e incluso rebosar sus efectos a la economía real, se encuentran razonablemente cubiertos. Y si los costos de nueva regulación no exceden sus beneficios.

Señalar esas fuentes de riesgos y mitigarlas no es cuestión de observar mejor, sino de evaluar el sistema desde una perspectiva, si no distinta, al menos más amplia. En otras palabras, conduce a preguntarse si son suficientes indicadores como el coeficiente de solvencia, por ejemplo, para prevenir o alivianar los efectos de las crisis bancarias. O si se precisa revisar la composición del capital que conforma dicho índice y establecer otros requerimientos de capital. Incluso más profundamente, si la regulación del capital no debería computar el cálculo sistémico en el diseño de su composición y medición. Es decir, no solo configurar los requerimientos de capital tomando como base el perfil de riesgo de cada banco de manera aislada, sino considerando el comportamiento de los demás bancos en su conjunto y su potencial efecto a la economía.

Está claro que para que el sistema bancario sea seguro necesita más que la regulación del capital. Pero el punto a enfatizar es si las regulaciones de liquidez, capital, gobierno corporativo, entre otras, demandan ajustes para que el sistema financiero sea más seguro. En parte, lo que la crisis financiera de 2007-2008 demostró es que sí es necesario hacer ajustes, siempre que sus costos de ello no excedan sus beneficios.

Una de las lecciones de la crisis en cuanto a los fundamentos de la regulación es que el sistema financiero no es la suma de las entidades bancarias que lo componen. El sistema financiero debe ser considerado de manera autónoma pues posee características particulares a los bancos que forman parte de él.

Se requiere de una acción colectiva de los bancos para generar una burbuja crediticia, es decir una sobre-extensión de crédito. Desde el punto de vista individual, la extensión de crédito puede lucir racional, pero desde el punto de vista sistémico puede significar un sobrecalentamiento de la economía que finalmente termine por afectar su desempeño. De ahí que sea necesario identificar y medir el riesgo de que las crisis bancarias extiendan sus consecuencias a la economía real. Es lo que ha sido llamado regulación macroprudencial. Aquella que atiende cómo el riesgo agregado evoluciona con el tiempo y cómo el riesgo es distribuido dentro del sistema financiero, incluyendo mercado de valores, seguros y pensiones.

Esta visión, que debe complementar la regulación microprudencial, se hará efectiva con mecanismos regulatorios que procurarán desincentivar a las entidades de intermediación financiera a incurrir en conductas riesgosas para la economía real. Para lo cual deberán otorgarse facultades de supervisión y sanción especiales a la Autoridad Monetaria y Financiera para hacer efectivos estos controles

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