Recientemente ha sido publicado el Rule of Law Index (Índice del Estado de Derecho) a nivel mundial, realizado por el World Justice Project, para el año 2016, y nuestro país quedó en el lugar número 85 de 113 países medidos, por lo que valdría la pena echarle un vistazo a este estudio, incluyendo algunos detalles, y sobre todo entender qué significa esto.
El rule of law es un concepto originario del common law, utilizado por primera vez en 1885 por el profesor de Oxford A.V. Dicey (aunque algunos señalan que es tan viejo como Aristóteles), posiblemente basado en el concepto de supremacía de la ley (J. W. F. Allison, The english historical constitution), que se ha expandido por la mayor parte del mundo, y que ha venido ampliándose cada vez más, sin que se haya llegado aún a un concepto fijo y pacífico.
Tal vez por esta razón, el World Justice Project ha decidido definir el concepto de rule of law que utiliza en su medición, para que la gente pueda entender con mayor claridad que se evalúa. Señala que en un país existe rule of law cuando:
- El gobierno, sus oficiales y agentes, al igual que las personas y entidades privadas son responsables ante la ley- cumplen con la misma;
- Cuando la ley es clara, conocida, estable y justa, se aplica en forma uniforme y protege los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas y sus propiedades;
- El proceso a partir del cual la ley es aprobada, administrada y ejecutable es accesible, justo y eficiente, y
- La justicia es administrada a tiempo, por jueces competentes, éticos, neutros e independientes, existentes en número suficiente, con recursos adecuados.
Con esa vara se midió el rule of law en nuestro país y en otros 112 países. La evaluación que recibimos fue de 0.47, donde 1 es la nota máxima y cero la más baja. Si fuera sobre 100, habríamos sacado 47. Es decir, nos quemamos también en este índice. De los 30 países de Latinoamérica y El Caribe medidos, quedamos en el lugar 23. Un dato revelador es que en nuestra región fuimos el país que más descendimos en el ranking del 2016 en comparación al 2015: 7 posiciones.
Cuando usted observa lo que pasa en los tres poderes del Estado dominicano, pero sobre todo en el Poder Judicial, usted entiende de inmediato este descenso en un índice que mide aspectos fundamentales de la vida institucional de cualquier país. La mayoría de los países del sub Sahara y del medio este y norte de África, están por encima de la República Dominicana.
Estas dos regiones del mundo, Latinoamérica (incluyendo El Caribe) y África, parecen condenadas al atraso institucional y por eso usted observa que empresas como Odebrecht concentran sus prácticas corruptas en estas regiones y no en otras.
Este índice que usted puede encontrar en https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index, contiene muchos otros detalles, de los cuales solo resaltaremos algunos, a modo de alerta con la finalidad de motivar voluntades para comenzar a mejorar en aquellas áreas donde estamos muy mal.
Por ejemplo, el índice evalúa la justicia civil y la penal por separado. En la civil obtenemos 0.42 en corrupción, 0.35 en influencias del gobierno y 0.28 en tiempo de solución. Mientras que la justicia penal saca 0.32 en efectividad de la investigación, 0.42 en tiempo de solución, 0.37 en corrupción, 0.28 en influencias del gobierno. Si alguno de sus hijos saca esas notas en cualquier materia, usted debería preocuparse muy seriamente, pero si es en materias básicas, el tema sería extremadamente grave. ¿No le parece?
Otros detalles relevantes de la medición relacionados con la corrupción son: 0.38 en corrupción en el Poder Ejecutivo, 0.42 en corrupción en el Poder Judicial, 0.43 en corrupción en la policía y las fuerzas armadas y 0.15 en corrupción en el Poder Legislativo. No podía ser de otro modo cuando también sacamos 0.25 en aplicar sanciones por inconductas de funcionarios públicos.
Estos indicadores son realmente preocupantes, pero la realidad es que aún estamos a tiempo de revertirlos y preservar los otros indicadores, aquellos que siempre utiliza cada presidente para hacernos sentir en Suiza (o por lo menos en Costa Rica), relacionados sobre todo con crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. Soy de los que creen que estos últimos indicadores son ciertos, pero también de los que saben que no son sostenibles sin un verdadero Estado de Derecho.