El reinicio de un proceso para la elección del presidente ha despertado el apetito a aspirantes cuyas expectativas de corto plazo habían sido diluidas por los ridículos resultados cosechados en las últimas votaciones realizadas el 25 de octubre del 2015.
Y es que hubo candidatos que no alcanzaron siquiera el 0.1% en esos comicios harto comprobados como fraudulentos, más aún después que así lo constatara la Comisión de Investigación y de Evaluación Electora. No obstante, esos y otros eternos aspirantes, a sabiendas de que no tienen la menor posibilidad, “vuelven y vuelven”, como decía un ex presidente dominicano, a inscribirse como candidatos.
En consecuencia, de los 27 candidatos presidenciales podríamos citar las características principales de algunos: han estado por lo menos una vez en la administración pública; son militantes políticos, apoyados por otras agrupaciones; además de los tristemente célebres candidatos eternos; y, finalmente, los representantes de iglesias.
A propósito de religiosos, tener a la cabeza del Estado a un sacerdote o pastor protestante, constituiría un alto riesgo que los/as gobernados/as deberíamos evitar. Ya los dominicanos dieron un paso al frente en ese propósito al rechazar en las elecciones del pasado 15 de mayo a los candidatos que ponían en primer lugar a la Biblia y en un segundo la Constitución.
Dios nos libre de tener como presidente a uno de sus representantes, cuyo gobierno se base en los “libros sagrados”
Aunque recientemente, con la aprobación de un nuevo Código Penal que penalice el aborto sin importar las condiciones excepcionales (en caso de violación o incesto, o por riesgo de la salud de la mujer y/o malformaciones del feto), la clase política dominicana ha demostrado lo que siempre era: muy conservadora en los temas del derecho a la libertad de las mujeres, igual que del derecho de los-as inmigrantes, de los y las LGTB.
Con esa grave violación a los derechos fundamentales de las mujeres (a la vida, a la salud y la libertad), esos diputados dominicanos que aprobaron ese código, deshonran el Día Internacional por la No-Violencia contra las Mujeres que inspiró República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas.
En el caso haitiano, se podría decir que por lo menos albergamos la esperanza de que se apruebe un ante-proyecto de un Código Penal, todavía en discusión, el cual reemplazaría el código del año 1835, que respete el derecho de las mujeres a decidir en cuanto a la eventualidad de practicarse un aborto.
El anuncio fue dado a conocer en el mes de enero pasado por una mujer que integra la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial, Sybille Théard Mevs, con esas palabras: “… el aborto es despenalizado para responder a las preocupaciones de salud pública y de libertad de la mujer”. Pero todo ese esfuerzo se echaría a la borda si llega a la presidencia uno de esos sacerdotes o pastores protestantes.
La mayor dificultad o conflicto que se pueda encontrar con un religioso devenido en político sería que quiera imponer sus preceptos dogmáticos en el asunto público. Tanto así que nos hemos encontrado con al menos dos dirigentes de escuelas privadas –confesionales-, quienes nos dicen que “la Biblia está por encima de cualquier decisión estatal en el área educativa”. Así que si sus “libros sagrados” dicen que hay que flagelar al niño o niña por indisciplina, poco importan las directrices públicas.
Un Estado-iglesia es sinónimo de exclusión, incomprensión, dictadura ideológica, esclavitud mental, supremacía de las creencias por encima de las leyes… y la lista de los males sigue, desde la colonización, con un lugar privilegiado de la iglesia en la isla hasta hoy en día a través del Concordato.
Y no estoy incitando a que voten en contra de los sacerdotes candidatos. A lo mejor invitaría a que votemos a favor de los derechos fundamentales, la democracia participativa y la inclusión. Es importante luchar contra las discriminaciones, especialmente de corte elitista, los prejuicios y la regresión de los derechos para superar la pobreza y la desigualdad.
Personalmente, yo creo que un sacerdote comprometido con su país, con la honestidad y la ética pública, sería el mejor representante nuestro. Pero primero habría que encontrarlo en la actual lista.
Lo mejor es que debemos erradicar toda idea de un Estado-iglesia. Pensemos en los derechos progresivos, ya que los cambios suceden para mejorar y no para quedarse en tiempos medievales.
¡Ojalá que Dios nos libre de tener como presidente a uno de sus representantes, cuyo eventual gobierno se basaría en los “libros sagrados”!