En la rendición de cuentas el pasado mes de febrero, el presidente Danilo Medina hizo un especial énfasis en la importancia que tiene para el desarrollo nacional la industria minera. En esa ocasión, mencionó los tres pilares que, a su juicio, deben estar presentes en el relanzamiento de la minería nacional: transparencia, justicia y confianza.
Nosotros agregaríamos el pilar de la responsabilidad que, al decir de Robert Goodland, especialista del Banco Mundial ya fallecido (2014), significa “tener la capacidad de tomar decisiones morales y por consiguiente poder rendir cuentas; ser susceptible de revisión legal o en caso de fallas, a penalidades; basarse o caracterizarse por su buen Juicio o sensatez; ser honesto, capaz, confiable”. Aunque la transparencia, justicia y confianza, son atributos de la sostenibilidad, creemos que hizo falta puntualizarla en el caso de la minería, aun conociendo las limitaciones de tiempo que tienen estas intervenciones anuales del Ejecutivo.
Dado el hecho de que los recursos minerales una vez extraídos no pueden reponerse, la única forma posible de sostenibilidad para la minería es la canalización institucionalizada de la renta estatal minera “hacia inversiones en capital humano, innovación, desarrollo tecnológico e infraestructura, y otras inversiones de largo plazo que permitan la diversificación de la base industrial y exportadora, resistiendo las presiones políticas de consumir los recursos extraordinarios en el presente”(Cepal, 2016. Obviamente, este giro pasa por la construcción de los consensos políticos y la renovación o modernización de otros elementos de gobernanza, a saber: aspectos regulatorios, fiscales y de manejo macroeconómico, planificación estratégica, formulación e implementación de políticas públicas y gestión de conflictos socioambientales.
En relación con este abordaje de la sostenibilidad minera, nos parecieron muy interesantes las explicaciones del concepto de contenido local (Acento, 19 de marzo 2019), ofrecidas por Vera Lucía Crespo Almánzar. La autora entiende el contenido local como el incremento del “valor generado por la explotación de un recurso que permanece en la economía doméstica, y desarrollar vínculos entre el sector minero y el resto de la economía”. Ciertamente, el efecto multiplicador de la actividad minera no debe traducirse exclusivamente en el respaldo a los gastos corrientes y de inversión habituales del gobierno.
Es preciso garantizar que esa renta sirva a un propósito transcendente, esto es, a la construcción de una economía competitiva sobre bases dinámicas (priorizando el conocimiento, el aprendizaje tecnológico, la innovación, los encadenamientos productivos) y haciendo énfasis en el impulso a las economías reproductivas en los niveles regional, provincial, municipal.
Entendemos que, a pesar de todas las resistencias “normales”, el Ministerio de Energía y Minas actúa en el sentido correcto. Primero, prioriza la contribución del sector minero porque está al tanto sobre el incremento de la demanda y de los precios de los minerales en los mercados internacionales en la última década, especialmente de los llamados estratégicos. Segundo, porque tiene conocimiento del significativo potencial nacional de las riqueza mineral, metálica y no metálica. Y tercero, porque entiende que se trata no solo de niveles de rentas que podrían duplicarse, siempre dentro de un ambiente regulatorio moderno permeado por la responsabilidad y la confianza legítima; también porque la utilidad de la renta estatal minera tiene una importancia crucial para impulsar otros sectores de la economía, crear otros nuevos, generar eslabonamientos y complementariedades productivos, apoyar el conocimiento y apuntalar el fortalecimiento de “los pilares estructurales más débiles de nuestro sistema competitivo”.
Por tanto, no se trata ya de financiar con estos recursos políticas sociales redistributivas o de corte asistencial, sino de sembrar la minería en la acepción pietriana (Uslar Pietri) más rigurosa.
De aquí que las principales vertientes de trabajo del Ministerio de Energía y Minas son a todas lucen pertinentes, a saber:
- Difusión e implementación práctica del concepto de minería responsable y sostenible, organizando y utilizando toda la información necesaria para que el modelo pase de la retórica infructuosa al ejercicio práctico y comprobable (transparencia; aceptación de los grupos de interés; protección a las comunidades y sus sistemas de apoyo vital; no hacer minería donde esté prohibido o existan amenazas potenciales a los intereses legítimos de las zonas; aplicación y observancia de los estándares de las empresas; precalificación o certificación a potenciales buscadores de licencias y concesiones mineras; evaluación social y ambiental; garantías de cierre y post-cierre de las actividades; contenido local, sembrar la minería, etc.).
- Superar el marco normativo e institucional actual, orientado básicamente, como en la mayoría de los países de la región, a estimular la inversión privada y crear toda clase de facilidades e incentivos a las empresas. Creemos que la actual norma (Ley núm. 146-71) opera en vía contraria a los dictámenes básicos de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que ha contribuido a su deterioro y ha producido movimientos sociales de resistencia a la explotación minera. La respuesta del ministerio ha sido la presentación y socialización del Anteproyecto de Ley de la Minería Nacional, junto a otros reglamentos clave elaborados o en proceso de elaboración.
- Implementando la sostenibilidad minera, en los términos explicados, mediante el desarrollo de “mecanismos y capacidades institucionales que aseguren una gestión pública eficiente de las rentas generadas por la extracción de recursos naturales, destinándolas hacia inversiones de largo plazo en infraestructura, educación, o innovación y desarrollo tecnológico, entre otras” (Cepal, 2016). En este ámbito crucial, la respuesta del ministerio ha sido la formulación del Anteproyecto de Ley de Gestión Nacional de la Renta Estatal Minera, un verdadero hito en materia de gobernanza de los recursos naturales en República Dominicana.