El nuevo código penal se supone que debe garantizar un estado de derecho en la Republica Dominicana y favorecer la disminución de la violencia con el establecimiento de sanciones para los delitos que apuntan a violaciones de derecho y criminalidad. Sin embargo, ocurre lo contrario.
Se violentan los derechos de las mujeres, jóvenes y adolescentes que son víctimas de violaciones, incesto y en situación de riesgo por un embarazo no viable. Desconociéndose el reclamo que la sociedad dominicana tiene con respecto a que existan eximentes en la penalización del aborto desde las tres causales.
De esta manera se perpetúa y favorece el incremento del aborto clandestino con mucho mayor riesgo para las jóvenes, adolescentes y mujeres a través de prácticas con consecuencias fatales para su cuerpo y su vida. Si van a los hospitales no las atenderán y las pueden acusar de abortos inducidos, su sangrado puede provocarle la muerte y ser un número más en la alta tasa de mortalidad materna del país como hasta ahora. Se incrementan así las diferencias sociales, la desprotección de la población femenina pobre del país desde el sistema de salud, cayendo sobre ellas la condena de ser víctimas de violación y no en sus agresores.
… es un código que perpetúa la violencia, la discriminación, la exclusión social y la desigualdad de género
Junto a la criminalización de las mujeres en el nuevo código encontramos la ausencia de mecanismos de penalización de las prácticas discriminatorias (existentes en el país) contra la población LGTBIQ. En nuestra sociedad existen múltiples prácticas, narrativas y acciones sociales discriminatorias desde el ámbito laboral, educativo, social, comunitario, familiar e institucional contra la población LGTBIQ; excluir consecuencias penales de estas prácticas refuerza su legitimación social e institucional y con ello la exclusión social de las personas con orientaciones sexuales diversas.
Las discriminaciones hacia las personas LGTBIQ lejos de responder a hechos aislados son, como bien define Machin (2013), parte de un entramado sociocultural en el que se ha normalizado la burla, el ejercicio de violencia física, psicológica y verbal hacia las personas con orientaciones sexuales diversas, así como su exclusión de centros educativos, universidades, puestos de trabajo en oficinas, empresas, instituciones tanto en el sector público como privado. A esto se le agrega el maltrato policial en las calles y avenidas, la negación de servicios de salud en hospitales y clínicas como le ha ocurrido muchísimas veces a mujeres trans, así como la ausencia de procesos judiciales en casos de crímenes contra mujeres trans o los llamados crímenes de odio que han quedado en su mayoría impune.
Lejos de ser un código penal que favorezca un clima de seguridad ciudadana, disminución de la violencia y garantista de los derechos de la población dominicana desde su heterogénea conformación, es un código que perpetúa la violencia, la discriminación, la exclusión social y la desigualdad de género y por orientaciones sexuales diversas. Un código que deteriora aún más nuestra débil democracia y abre paso al incremento de la violencia cotidiana.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY