El anuncio de que el gobierno de la República Dominicana tiene ofertas de inversionistas privados para comprar parte de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (“Punta Catalina”), motiva a preguntarse: ¿Por qué no aprovechar la coyuntura para ofertar públicamente las acciones de Punta Catalina en el mercado de valores dominicano?
Es decir, aprovechar la oportunidad para vender una parte de las acciones de Punta Catalina a través del mercado de valores del país. Según algunos medios, el Estado está interesado en vender hasta 50% de las acciones al sector privado.
Es una situación similar a la experimentada en el pasado con otras empresas estatales que han sido vendidas directamente a inversionistas extranjeros. Vienen a la mente casos como el de la Refinería Dominicana (REFIDOMSA).
El mercado de valores dominicano tiene casi 19 años regulado – sin que, a la fecha, se hayan colocado ni transado acciones.
La mejor manera de demostrar seguridad en el desarrollo robusto del mercado de valores dominicano es con acciones – literalmente, acciones en este caso – más que con palabras
Sacar a bolsa parte de las acciones de Punta Catalina podría ser un espaldarazo a la reforma del mercado de valores, realizada en 2017 a través de la Ley del Mercado de Valores núm. 249-17 (la “LMV”). Aunque parte importante de los reglamentos de la LMV se están elaborando, la salida a bolsa de Punta Catalina podría ayudar a motivar su finalización.
De hecho, los reglamentos no son imprescindibles, ya que la LMV contempla varios mecanismos que se pueden gatillar para cotizar expeditamente las acciones de Punta Catalina.
De realizarse, esta sería la primera emisión de acciones en la República Dominicana, sentando un precedente para otros potenciales emisores del sector privado.
Además, permitiría que el proceso de colocación se realicé con intermediarios de valores locales, en vez de que bancos de inversión extranjeros se lleven la tajada de cualquier colocación privada.
Cotizar parte de las acciones también podría ayudar a democratizar el capital de este proyecto. Dar la oportunidad a que firmas, pequeños inversionistas e inversionistas institucionales locales pasen a ser copropietarios de un proyecto de esta envergadura. Si las proyecciones se cumplen, habrá posibilidad de redituar estas inversiones en un futuro a través de pagos de dividendos y ganancias de capital. Aunque con esto no estoy diciendo que serían acciones rentables ni pronosticando acerca su rendimiento.
Más que nada, el mensaje más contundente sería uno de transparencia y de coherencia. La mejor manera de demostrar seguridad en el desarrollo robusto del mercado de valores dominicano es con acciones – literalmente, acciones en este caso – más que con palabras. También disiparía dudas respecto del proyecto en sí, dándole mayor prestigio, credibilidad y sometiéndose al escrutinio público.
Otro punto a favor para el oficialismo sería atribuirse el mérito de causar la primera salida a bolsa con acciones en la República Dominicana.
A pesar de estos argumentos a favor, cualquier decisión necesita tomar en cuenta los potenciales riesgos y las alternativas. Existen buenas razones por las cuáles podría convenir más vender las acciones de Punta Catalina de manera privada. Por ejemplo, podría ser más deseable recibir un influjo de divisas por la venta de las acciones, que captar recursos localmente.
Cuando planteé la discusión en Twitter, algunos usuarios me indicaron que otros factores como la transparencia, la falta de un PPA (Power Purchase Agreement), y la etapa embrionaria en la que se encuentra Punta Catalina, podrían ser factores que limiten una posible salida a bolsa.
Cualquiera que sea la decisión que tomen las autoridades, vale la pena discutir esta posibilidad. Para continuar desarrollando el mercado de valores dominicano, la oferta pública de acciones sigue siendo el hito pendiente.