El aumento de la delincuencia definitivamente ha vencido a la percepción. Para reducirla:
- La presidencia de la república ha enviadomás policías y militares a las calles.
- Entidades de la sociedad civil requieren mayor participación ética al poder judicial.
- El congreso procesa un anteproyecto de ley con el propósito de desarmar a la población decente.
Estas medidas en el inmediato plazo reducirán el problema pero luego proseguirá su incremento debido a que se atacan efectos y no causas.
Las acciones enfatizan en la prevención del delito pero también y principalmente deben ejecutarse aquellas que eviten la formación del delincuente. Esto se logra satisfaciendo los derechos ciudadanos de: empleo, alimentación, vestimentas, habitación, transporte, educación, salud, protección y seguridades. La delincuencia es consecuencia de un proceso económico en el cual la propiedad de los recursos y los beneficios del crecimiento económico llegan a muy pocos ciudadanos originando desigualdades e incidiendo en un aumento constante de la pobreza.
En ese sentido las autoridades del Banco Central ayudan poco debido a que continuamente presentan los porcentajes de crecimiento económico como importantes fortalezas causadas por la estabilidad macro que la entidad bancaria logra con su gestión. Recientemente publicó que en el primer cuatrimestre de este año la tasa de crecimiento ha sido del 7 %. El mensaje encubierto es que vamos en franco progreso y no hay porque preocuparse. Pero la población llana ¿Está de acuerdo con ese mensaje?
El Banco (nadie coge cuchillo para su garganta) además del crecimiento debería publicar los resultados completos de sus cuentas nacionales, indicando que los sectores protagonistas también son CONCENTRADORES de los ingresos que origina ese crecimiento, beneficiando a POCAS PERSONAS. La mayoría de la población no obtiene beneficios.A esta situación es lo que se denomina DESIGUALDAD ECONOMICA la cual impulsa otros tipos de desigualdades, razones por las cuales más del 45% de la población es pobre y no satisface sus necesidades básicas o derechos establecidos en la constitución y leyes.
Parece conveniente que las autoridades, incluyendo representantes de entidades de la sociedad civil, pongan atención a las conclusiones, previos estudios, a las que ha llegado el economista francés Thomas Piketty. Piketty expone que el aumento desproporcionado de ingresos que recibe el capital con respecto a los del trabajo están creando un ejército de pobres que pone en peligro la democracia.
Recientemente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro,indicó que: “la ineficiencia en cuanto a la distribución de ingresos, bienes, acceso a servicios básicos y justicia ha sido una constante que afecta directamente el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, y tienen un impacto negativo en la estabilidad de nuestras democracias”.
Considerando estos planteamientos y la realidad económico-social del país es esencial que las ELITES SOCIALES (política, empresarial, religiosa, académica) comprendan que:
- La pobreza que induce a muchas acciones delictivas todavía opera relativamente dispersa.
- La pobreza es laprincipal responsable de la intranquilidad pública existente.
- Es conveniente evitar que una pobreza organizada atente contra la gobernabilidad social.
- Es pertinente entender que sin satisfacer adecuadamente los derechos “ciudadanos” será imposible reducir la INSEGURIDAD.
- La búsqueda de soluciones inicia por RECONOCER que la verdadera causa del problema son las desigualdades que origina pobreza.
En la Confederación Proyecto de Nación (PROYECTA) siempre hemos planteado que la Inseguridad Pública es consustancial al subdesarrollo caracterizado por atraso y pobreza. Su reducción depende de que la búsqueda del desarrollo para satisfacer los derechos humanos sea el propósito de la gestión gubernamental. Es necesario que las acciones para su consecución estén sistematizadas en planes regionales elaborados y ejecutados por los poderes del Estado encabezados por el Ejecutivo con la participación de la sociedad civil, y que comprendan reformas en los aspectos: institucional, educativo, económico, ecológico y sociales.