Esta semana el líder opositor Luis Abinader cuestionó que el gobierno del presidente Danilo Medina no reaccionara a las recientes advertencias de la Iglesia Católica sobre la grave situación que vivimos, sintetizada por monseñor Francisco Ozoria como una cultura de muerte cimentada en la corrupción y la impunidad.
Cavilé sobre la reticencia del gobierno a dialogar con los principales actores sociales y reparé en que es una conducta reiterada, permanente, que le sirve al presidente Medina como eficiente herramienta para imponer su entera voluntad y conveniencia única.
Su primer gobierno inició desoyendo las recomendaciones del consenso que proponía una reforma fiscal integral para reponer los déficits públicos arrastrados por la economía desde 2008. Se solicitaba una reforma que robusteciera los ingresos del gobierno pero que saneara e imprimiera calidad al gasto público y estimulara la producción y la inversión.
A tres meses de su llegada al gobierno, y desoyendo el mayoritario consenso nacional, Medina votó una limitada reforma tributaria bautizada como “el paquetazo de Danilo”.
Llovieron propuestas de los sectores productivos y de economistas independientes recomendando al Presidente detener el despilfarro, sanear la calidad del gasto y parar el endeudamiento imprudente.
Pero ni siquiera ha dado el gobierno señales de corrección cuando el FMI le ha advertido en público, recientemente, que su derrotero empuja a la insostenibilidad y la vulnerabilidad económica.
A 4 meses de iniciado su pasado gobierno, en diciembre de 2012, su actual aliado político Miguel Vargas le propuso al presidente Medina “concertar con la sociedad un pacto nacional para hacer frente de manera contundente y eficaz a la delincuencia y la violencia que arropan al país”.
El presidente del PRD repitió su propuesta a Medina, pero tampoco tuvo respuesta, como tampoco han tenido su atención otras sugerencias que incluyen la acabada estrategia propuesta por Luis Abinader, a principios del año pasado, para atacar la delincuencia en todas sus vertientes e implicaciones.
Desde el 22 de enero, y a propósito de la descomunal estafa de Odebrecht y sus cómplices dominicanos, que entre sobornos, sobrevaluaciones y ganancias ilícitas sobrepasa los 800 millones de dólares, se ha producido un claro empoderamiento ciudadano por el cese de la corrupción y la impunidad.
La #MarchaVerde es cada vez mayor, más multicolor y más firme, pero el gobierno Medina tampoco tiene nada que decirle a ese movimiento social que conforme Gallup-Hoy respalda el 91% de la población.
La oposición y la sociedad civil demandan del partido de gobierno un amplio consenso para aprobar, por fin, leyes del Régimen Electoral y de Partidos que adecenten y democraticen la política y hagan diáfanas las elecciones.
El partido de gobierno rechazó de plano cualquier consenso, luego han asumido poses democráticas, pero hasta el día de hoy no están en eso.
Un gobierno análogo, que en la Era del Conocimiento y de la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación no sea capaz de dialogar e interactuar con su sociedad, es un aberrante obstáculo para la aspiración que tenemos muchos de vivir en una República Dominicana democrática, institucional, solidaria, moderna, transparente e intercomunicada. Eso.