Llevar a Cuquín o a Boruga a vistas públicas, o a comisión en el Senado, para agotar un turno con chistes o anécdotas de economistas, serviría para enterrar para siempre el proyecto de colegiación obligatoria en esa disciplina. Ministro que junta diez economistas para solucionar un problema y recibe once opiniones distintas; en fogata de náufragos sin herramientas, buscando que hacer con único sustento rescatado del barco, una lata de sardina, economista aporta un “supongamos que tenemos un abrelata…”; la ley infalible de que “siempre se encuentra a un economista de universidad élite (Ivy League) en lados opuestos de un mismo tema”; o la del que se cree clon de Einstein cuando, criticado por la abismal diferencia entre modelo econométrico y realidad que quiere explicar, responde petulante “estoy interesado en mi modelo, no en la realidad.”
La economía es una ciencia con posiciones diametralmente opuestas en metodología, donde de cada lacerante tópico se encuentran recomendaciones variopintas. Sí, esto ocurre en otras profesiones, pero muy diferente en nuestro caso. Los abogados, por ejemplo, pueden diferir sobre las causas de la criminalidad y las formas más efectivas para enfrentarla, pero tienen un código penal, que tipifica crímenes y delitos, y otro procesal penal que establece las formas para actuar en justicia. Llevar los casos de sus clientes en tribunales, ignorando olímpicamente por desconocimiento o desafío estos códigos, conduce al fracaso y a un riesgo de demanda por mala práctica.
En la economía es imposible un consenso mínimo universal en ningún punto de relevancia y remota la probabilidad de sentarnos en el banquillo de los acusados, por resultados opuestos a contrato oneroso para hacer predicciones. A esto es algo que, de manera unánime, siempre se opondrán fanáticos del intervencionismo estatal y el mercantilismo o los que creen que tratando al individuo como rata de laboratorio, se pueden llegar a conclusiones válidas de la acción humana.
“Al comprobarse que su recomendación de controlar los alquileres empeoró la situación del mercado de vivienda, queda condenado a perder exequátur de economista y pena de reclusión de…”; “En vista de que los subsidios a … y la protección arancelaria a la industria … no han logrado los efectos contemplados en las leyes de incentivo aprobadas, se condena a sus economistas promotores y los beneficiarios de transferencias y exenciones a resarcir fondos al fisco en un plazo corto de …”; “Al seguir la variable una senda doblemente menos favorable que el peor resultado previsto en el modelo econométrico adoptado para diseñar las medidas, se le manda evaluación psiquiátrica…” Esta es justicia que, lamentablemente, no podremos verla en este mundo.
Creo que por ahí andan las razones para que los economistas hayan hecho poco caso a la idea de asociarse en un colegio que los represente a todos, idea que nace formalmente hace más de cuarenta años. La carrera lo que da es para asociaciones voluntarias por las simpatías o creencias, que cada quien desarrolle a lo largo de su vida profesional. Me encantó el espíritu libertario con que nace una para oponerse, como único punto, a la colegiación obligatoria y que limita su existencia a ese sólo propósito.
Una vez termine la amenaza a la libertad de asociación, que implicaría cobros compulsivos por ejercicio actividad para financiar planes asistenciales más una burocracia administrativa, que hasta incluye una ecogestapo a nivel nacional, la asociación pudiera desaparecer. Un reconocimiento tácito a que la preferencia revelada ha sido la de peñas cerradas, foros virtuales por invitación, uniones esporádicas o hasta lobos solitarios, con espacios propios de análisis y discusión, que no se buscan imponer a otros.
Al CODECO le han entrado como la conga en las redes sociales, al punto de ofensas y cuestionamientos a la calidad profesional de los proponentes, y curioso el ataque artero a la iniciativa hecha por una fundación que sólo señaló observaciones de poca monta al aberrante y elitista proyecto para regular la abogacía, que también se encuentra en el Congreso. Tanto los economistas, en su mayoría formados en la UASD, como los abogados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, merecen el mismo rechazo, basado en principios, por las intenciones de monopolizar y controlar el libre ejercicio en ambas profesiones. Todos sus argumentos para justificar la colegiación chocan contra el principio de la libertad de asociación y que la ley no está para otorgar monopolios y privilegios especiales a nadie. Sean estos abogados, economistas, médicos o profesores. Abierta esa brecha, hay que prepararse para la avalancha de todo el que quiera controlar la oferta y las ganancias en su área de ocupación, como el país donde las estilistas que hacen la depilación brasileña justificaron regular por licencia el oficio, para prevenir que la ejerzan las que sufran del Mal de Parkinson.
La oposición al proyecto no debe basarse en una confrontación de currículos. La idea es igual de mala, sea que venga de uno con doctorados de prestigio, en dos continentes; o de charlatán incompetente que se promueve al público como experto del área. Dato curioso, entre los promotores del proyecto está un compadre que, aquí y en el extranjero, ha llevado una vida para contarla en el mejor libro sobre la función del empresario en mercados competitivos. Finalmente, a quienes con virulencia han atacado la iniciativa equivocada de esos colegas, los invito también a que se pronuncien en ese tono con el proyecto de la regulación de los abogados. Lo hice aquí en cuatro entregas en Acento.com.do, criticando ese proyecto que nunca debió ser sometido al Congreso, por un organismo que sabe muy bien la parálisis, casi generalizada, que provoca su gran poder coactivo.